La mítica frase “yo quiero ser funcionario”, parece que ya no la repetirá tanta gente, al menos cuando sepan que la tasa de acoso psicológico en la Administración crece un 7 por ciento frente a otros sectores laborales.
Uno de cada tres funcionarios del cuerpo B adscritos a la Agencia Tributaria (AEAT) y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) están en “una situación de alto riesgo psicosocial en su trabajo”, según los datos preliminares que se desprenden del Estudio Cisneros V.
La investigación, dirigida por Iñaki Piñuel y Zabala, profesor de Organización y Recursos Humanos de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, y director de los estudios Cisneros, se ha realizado entre 7.000 funcionarios, con una tasa de participación del 63 por ciento.
“Se trata del primer estudio de estas características que se realiza en Europa, no sólo por valorar el problema del mobbing y del burn-out, sino por haber evaluado también los riesgos psicosociales”, ha explicado Piñuel, que no se ha sorprendido de la alta tasa de afectados, ya que “algunos estudios europeos anteriores realizados con una muestra mucho menor ya demostraban que el porcentaje de mobbing en la administración pública rondaba el 20 por ciento”.
En las investigaciones Cisneros I y II se comprobó que la tasa general de acoso psicológico en la población activa ocupada era del 15 por ciento, aproximadamente uno de cada seis trabajadores. “En este estudio hemos obtenido una tasa de prevalencia del 22 por ciento; así que ese 15 por ciento de los análisis anteriores se ha incrementado en un 7 por ciento más”, según Piñuel. Por ello, uno de cada cinco funcionarios encuestados presentan una situación técnica de mobbing.
De los más de 4.000 cuestionarios recibidos, cabe destacar que los encuestados de Andalucía, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Navarra han presentado un índice de respuesta superior a la media.
El 70 por ciento de los afectados ha reconocido ser víctima desde hace más de cinco años, “una cifra elevada que sin embargo no nos puede hacer olvidar que muchos de los damnificados no se reconocen como víctimas porque banalizan, trivializan o no dan importancia a lo que les está sucediendo”.
Para Piñuel, “el daño del mobbing es mayor cuanto más dura y, por tanto, menor es la capacidad de reacción del individuo. Además, las secuelas son más graves. El funcionario suele llevar tiempo soportando esta situación, el perjuicio psicológico aumenta y para ellos es más difícil renunciar a su trabajo o lograr que les concedan un traslado”.
Otro problema que se ha valorado en el informe Cisneros V ha sido la incidencia del burn-out entre el citado cuerpo de funcionarios. Piñuel ha explicado que “un 10,5 por ciento de los encuestados también están afectados por burn-out. Si a esta cifra sumamos el 22 por ciento de los que padecen mobbing y restamos aquellos que sufren los dos problemas -para no contarlos dos veces- obtenemos el 32 por ciento -una de cada tres- de personas que de ese sector de la administración están en una situación de riesgo grave psicosocial”.
Además, Piñuel ha recordado que los tres indicadores esenciales y típicos del burn-out son “la baja realización profesional y personal, y el cansancio emocional”.
Daños físicos y psíquicos
El director de los estudios Cisneros ha insistido en el carácter innovador de la investigación, que aporta una relación evidente entre las secuelas que presentan las víctimas y las conductas que viven en su entorno laboral.
Entre la sintomatología más frecuente presentada entre las víctimas, con porcentajes que superaban el 50 por ciento de los encuestados, destacan: “Apatía, falta de iniciativa, bajo estado de ánimo, depresividad, dolor de espalda, dolores musculares, irritabilidad, inseguridad, sueño ligero e interrumpido, problemas de memoria, fatiga crónica, cefaleas y sensibilidad a los retrasos”.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
