Los fabricantes de cementos, tejidos ignífugos y otros productos que contengan amianto tienen seis meses para encontrar otra fibra que sustituya a este resistente material, según una orden del Ministerio de Sanidad. Aunque su venta se prorrogará otros seis meses, para finales de 2002 no podrá haber amianto en el mercado. La decisión es una trasposición de una directiva de 1999 de la Comisión Europea, y se adelanta en tres años al plazo de la norma de la UE.
El crisotilo es el último tipo de amianto blanco que todavía estaba permitido en España. Se trata de un producto fibroso, cuya inhalación produce, sobre todo, cáncer de pulmón, de pleura (la membrana que rodea al pulmón) o asbestosis. Según el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado murieron 158 personas por culpa de este mineral. Los sindicatos CC OO y UGT elevan el número de fallecidos hasta los 500 anuales.
Pero la prohibición del uso del amianto no evitará la muerte en los próximos 30 años de unos 50.000 trabajadores en España (500.000 en Europa) que han estado en contacto con este material, según cálculos de UGT. Ello se debe a que el amianto actúa por acumulación. Las fibras de un tamaño adecuado, lo que se llama la fracción respirable, llegan al pulmón, donde se acumulan en los alveolos y producen los fibromas. Su peligro está en aquellos que han estado respirando estas partículas durante mucho tiempo, explicó el subdirector general de Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad y Consumo, Francisco Vargas.
El responsable sanitario recuerda que otros tipos de amianto, como el azul, llevan años prohibidos. De hecho, si el Comité Económico y Social de la UE dio en marzo de 1999 un periodo transitorio a España, Grecia e Italia hasta el 2005 para eliminar el crisotilo fue por su importancia en la industria cementera.
La orden ministerial no prevé la retirada del amianto empleado en la fabricación de productos o edificos. El mineral se retirará al final de su vida útil, explicó Vargas. Ello se debe a que el amianto es más peligroso cuando se manipula, porque se forma polvo que puede respirarse.
UGT instó ayer al Gobierno a adoptar medidas como adelantar la edad de jubilación de los 60.000 trabajadores que han estado en contacto con la sustancia y establecer un sistema de indemnizaciones para las víctimas.
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