Un total de 3.539 trabajadores de la CAV estaban a finales del pasado mes de agosto en vigilancia sanitaria por su posible exposición al amianto, según datos de Osalan facilitados por el sindicato CC.OO. Aunque este número de personas supone un incremento de casi el 30% con respecto a los datos de finales del año pasado, el responsable de Salud Laboral de CC.OO de Euskadi, Jesús Uzkudun, ha denunciado que se trata de un “escándalo” y que la cifra de trabajadores vigilados por los problemas de salud derivados del contacto con este mineral cancerígeno debería multiplicarse por diez.
En rueda de prensa, Uzkudun ha denunciado la “insumisión empresarial” a la hora de elaborar registros de compañías que pudieran estar afectadas por el amianto, asegurando que “no notifican” los casos o lo hacen “a cuentagotas”. Además, ha explicado que si no se elaboran estas listas existen “enormes dificultades” para demostrar el reconocimiento profesional de la enfermedad.
El responsable sindical también ha hecho hincapié en la necesidad de llevar a cabo una vigilancia temprana de la salud de los trabajadores posiblemente afectados por el contacto con el amianto para la detección precoz de las enfermedades derivadas de esta exposición.
En este sentido, ha hecho un llamamiento a Osakidetza para que requiera a sus profesionales médicos, fundamentalmente a los neumólogos, oncólogos y cirujanos, de cara a que notifiquen los casos de enfermedad profesional y “no dejen esa tarea sólo en manos de las centrales sindicales”. Asimismo, ha alertado del “intento” de las mutuas de pasar los costes de estas enfermedades profesionales a la sanidad pública.
Igualmente, Uzkudun ha lamentado que pese a que el Parlamento vasco aprobó llevar a cabo un inventario de los edificios y estructuras con amianto en Euskadi, el Gobierno Vasco y los ayuntamientos están haciendo “muy poquito”. Dicho esto, ha recordado que “el problema del amianto no es sólo un problema laboral, sino también de salud pública”.
En la misma rueda de prensa, el experto internacional en la lucha contra el amianto Angel Cárcoba ha explicado que tras treinta años en los que ha primado una “conspiración del silencio alimentada por los lobbys” para ocultar los problemas derivados de la exposición al amianto “se está consiguiendo romper el silencio”.
Cárcoba ha señalado que, según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay unos 125 millones de trabajadores expuestos al amianto en todo el planeta. De ellos, más de 100.000 mueren cada año por cáncer de pleura, ha asegurado.
A su juicio, “estamos ante un genocidio impune” que no es castigado ni tenida en cuenta por las diferentes autoridades. Además, ha alertado de que se está produciendo un “trasvase de riesgos” de países en los que la utilización del amianto está prohibida a otros que cuentan con legislaciones más laxas.
En este sentido, ha indicado que cada año se desguazan en el mundo unos 600 buques que contienen amianto en casi todas sus estructuras. Según ha manifestado, el 36% de estas naves proceden de la UE, pero su desguace se lleva a cabo en países del sudeste asiático.
Con respecto a España, se ha lamentado de la tardanza en la prohibición del amianto (década de los 2000), asegurando que entre la década de los 70 y el momento de la prohibición unos 240.000 trabajadores permanecieron expuestos a esta sustancia en 3.200 empresas de todos los sectores.
Asimismo, ha afirmado que existen estimaciones de que entre 1.000 y 1.100 personas mueren al año en el Estado por causas relacionadas con el amianto. Así, ha subrayado que cada vez son más frecuentes los cánceres entre familiares de trabajadores afectados y entre vecinos de las zonas expuestas, algo que en su opinión se ha convertido en un “drama de salud pública y ambiental”.
El experto ha recordado que entre los años 1970 y 2000 España importó más de 3 millones de toneladas de amianto para consumo interno, y ha tildado de “escandaloso” que no existan apenas registros de trabajadores y empresas ni de edificios y estructuras expuestos a este mineral.
Por ello, ha exigido la puesta en marcha de programas de seguimiento médico de personas expuestas, así como ayudas de todo tipo (económicas, jurídicas, psicológicas, etc) para los afectados. Igualmente, ha abogado por la creación de un Tribunal Penal Internacional de lo Laboral “por dónde pasen los responsables de esta pandemia”.
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