Desde enero han perdido la vida en la provincia de Málaga, de acuerdo con los datos de los sindicatos, 20 trabajadores de la construcción. Cuando la Administración de Justicia siente en el banquillo a los promotores, constructores o técnicos que resulten responsables de esos accidentes será, en el mejor de los casos, 2006. La instrucción judicial se está prolongando en torno a dos años. Y todo apunta que el colapso judicial va a más.
En 2003 se abrieron 478 diligencias previas en los juzgados por accidente laboral. En siete casos se produjeron muertes y, en los restantes, lesiones de diferente consideración. A lo largo de todo ese ejercicio, la Fiscalía calificó 17 asuntos. “Difícilmente alguno de ellos se refería a hechos sucedidos ese mismo año”, reconoce el teniente fiscal de Málaga y coordinador del área de siniestralidad, Antonio Morales. Sin embargo, hasta el pasado mes de julio, el número de procedimientos calificados se había reducido a cuatro. Es decir, el 50 por ciento menos que el año anterior. Y ninguna de estas causas judiciales se originó a raíz de siniestros registrados en los dos últimos años, sino a hechos que tuvieron lugar en 2002 y 2001.
¿Por qué se tarda tanto en juzgar los accidentes laborales? Por el propio colapso de los juzgados y por la especial complejidad de estas investigaciones. “En la construcción hay muchos implicados. Están el promotor y el constructor, pero también una multitud de empresas subcontratadas y los diferentes técnicos: arquitecto, aparejador y coordinador de riesgos laborales”, apunta el teniente fiscal.
Hasta que la responsabilidad penal se focaliza sobre alguno de estos agentes ha pasado mucho tiempo porque, además, las empresas están dispersas y los oficios para llamar a declarar a testigos e imputados o para pedir pruebas se multiplican.
El propio Morales admite que no existe ningún argumento que justifique que aún sigan en instrucción accidentes mortales como el ocurrido el 22 de agosto de 2003, cuando falleció un trabajador al caer desde las plataformas que se montaban en el palacio de deportes José María Martín Carpena para celebrar la Copa Davis.
A su juicio, la única excepción es el procedimiento abierto a raíz del accidente laboral que costó la vida a un obrero y heridas graves a otro el 19 de marzo del año pasado, durante los trabajos de construcción del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. En este caso, el juicio está pendiente de la definitiva curación del herido, con el fin de que las partes puedan valorar el daño sufrido.
El fiscal responsable del área de siniestralidad laboral tampoco encuentra argumentos para explicar la escasez de denuncias de oficio que se formulan para advertir del incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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