El pleno de la Asamblea aprobó este jueves, por unanimidad, dieciséis medidas contra la siniestralidad laboral, entre ellas “publicar el listado de empresas sancionadas por infracciones graves y muy graves” y “proponer a la Fiscalía de Madrid la creación de la figura del fiscal contra la Siniestralidad de la Comunidad de Madrid”. Las medidas aprobadas fueron negociadas hasta el último momento por los tres grupos parlamentarios, PP, PSOE e IU, a partir de una proposición no de ley que presentó el grupo socialista.
La Asamblea de Madrid ha aprobado con la unanimidad de sus tres grupos parlamentarios (PP, PSOE e IU) y a iniciativa del Grupo Socialista, una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno de la Comunidad a que lleve a cabo “la publicación de las empresas” que cuenten con “sanciones graves y muy graves” en relación con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La resolución, que fue defendida por el diputado socialista Manuel Sánchez Cifuentes y enmendada parcialmente por el PP, insta al Ejecutivo autonómico a formular 16 medidas en materia de siniestralidad laboral en el Consejo de Madrid para el Desarrollo, el Empleo y la Formación, órgano integrado por la Administración regional, los empresarios y los sindicatos.
Sánchez Cifuentes aseguró que la publicación de las empresas sancionadas por incumplir la normativa vigente permitirá que “todo el mundo conozca a las empresas que están en la cadena de subcontratación en una obra o una actividad empresarial”. “Hoy avanzamos mucho en esta Asamblea”, aseguró. Tanto el diputado del PP Benjamín Martín Vasco como la parlamentaria de IU Marga Ferré coincidieron en este análisis y se felicitaron por “el esfuerzo de concertación” desarrollado por el Gobierno regional y las fuerzas políticas de la Cámara. Además de la publicación de estas listas, el acuerdo incluye “la comunicación inmediata al Ministerio de Economía y Hacienda de las empresas que hayan sido sancionadas con carácter grave o muy grave, en los términos previstos por la Ley de Contratos del Estado y la normativa reglamentaria que desarrolla”.
Los tres grupos parlamentarios de la Cámara también instan al Gobierno regional a que proponga a la Fiscalía de Madrid “la creación de la figura del fiscal contra la siniestralidad laboral, tal y como recogen los criterios y ordenaciones del Gobierno central”. Asimismo, piden “la creación de un registro regulado de empresas que formen parte de cada cadena de subcontratación” y la elaboración de “un protocolo de actuación dirigido a empresas con alta siniestralidad”. De igual forma, el Parlamento insta al Gobierno de Esperanza Aguirre a incluir en la Ley de Subvenciones de la Comunidad de Madrid una cláusula que exponga “la obligatoriedad por parte de las empresas de acreditar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales como requisito para poder acceder a ayudas y subvenciones públicas”. Esta medida se complementa con “la posibilidad de introducir cláusulas de penalización en los contratos públicos, teniendo en cuenta los índices de incidencia laboral producida en la ejecución de los mismos”. Entre las medidas consensuadas también se encuentran “el seguimiento, a través de la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo, de los casos de accidentes remitidos a la Fiscalía por haber apreciado indicios de delito” y la creación, en el seno de este mismo órgano de “un grupo de trabajo que analice los medios materiales y humanos disponibles y que formule propuestas para incrementar la calidad de las actas”. Asimismo, el acuerdo incluye el desarrollo de estudios técnicos y científicos sobre siniestralidad laboral, el incremento de la coordinación entre las administraciones implicadas y la elaboración de “un plan de calidad y acreditación de los servicios de prevención ajenos y de las entidades auditoras”.
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