La asociación de Jueces para la Democracia ha presentado una demanda por conflicto colectivo en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la sobrecarga de trabajo y la falta de un plan de prevención de riesgos laborales en los juzgados.
El portavoz de la asociación, Joaquim Bosch, ha advertido de que el colapso y la falta de medios de los juzgados afecta a causas complejas como los sumarios sobre corrupción.
En este sentido, ha defendido el firme compromiso de los jueces en la lucha contra la corrupción aunque se ha quejado de la escasa inversión del Gobierno para que puedan desarrollar su trabajo. Tampoco es admisible, a su juicio, que más de 14.000 millones de euros estén retenidos en los juzgados y no puedan contribuir a dinamizar la economía.
El CGPJ aprobó un reglamento en 2011 que garantiza el derecho de los jueces a contar con una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de sus funciones y el Ministerio de Justicia es titular junto a las comunidades autónomas de los centros de trabajo y medios materiales, así como del abono de las retribuciones de los magistrados.
A pesar del transcurso de los años, la asociación lamenta que el Ministerio de Justicia y el CGPJ han “incumplido” sus obligaciones y el colectivo judicial como empleados públicos están en la “más absoluta desprotección”. Por ello, solicita que se declare la obligación de ambos órganos de acometer dichas actuaciones y adoptar medidas de protección adecuadas a los módulos de productividad aprobados en enero de 2013.
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