El propietario de la empresa en la que se falsificó la firma de un trabajador fallecido en accidente laboral acudirá hoy al juzgado de instrucción número 5 de Jaén para practicar el cuerpo de escritura, una prueba que servirá para dilucidar si fue él mismo quien hizo la rúbrica, según confirmó a Europa Press el abogado de la viuda, José Antonio Martínez Malo.
Esta diligencia se produce después de que un informe elaborado por el laboratorio criminalístico de la Guardia Civil haya determinado la falsedad de la firma de un trabajador fallecido en accidente laboral –cayó a un pozo de aguas fecales en una finca de Jaén–, para que éste figurara en el libro de matrícula como “dado de alta” en dicha empresa agrícola cuando realmente no lo estaba.
Martínez Malo explicó que la familia del fallecido interpuso querella contra el empresario en junio de 2002 por la presunta existencia de una firma falsificada en documentos como el libro de matrícula, donde debe constar la firma del trabajador agrícola una vez que se le contrata “y donde aparece la rúbrica con posterioridad a su muerte”.
El defensor recordó que en el momento de los hechos, el trabajador, Pedro Arenas, “estaba en situación de desempleo y cobrando el subsidio del régimen general, pero al apuntarle el empresario con posterioridad a su muerte en el régimen especial agrario, a la viuda le denegaron la pensión de orfandad y viudedad, al estar este hombre al descubierto y dentro del régimen especial agrario”.
Martínez Malo explicó que el informe “determina claramente que la firma está falsificada”, ya que “no se corresponde con las que se han cotejado del fallecido”, extraídas del DNI y de otros documentos oficiales. “La comparación entre la firma dudosa y los ejemplares indubitados (firmas reales de Pedro Arenas), a pesar de la similitud aparente, indica que existen elementos discrepantes, como la dirección de la caja de escritura o la disparidad en algunos trazos”, señala el informe, que termina con la conclusión de que la firma “es falsa”.
Con esta evidencia de que el trabajador pertenecía al régimen general y no al agrario, el abogado espera obtener la pensión de viudedad para su defendida, para lo que presentará el informe de la Guardia Civil en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Posteriormente, el juez determinará la existencia o no de indicios de delito y, en caso afirmativo, se abriría un juicio oral, en el que el empresario se enfrentará a penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los tres años de cárcel.
Los hechos
Los hechos por los que el empresario fue juzgado y absuelto el 28 de junio de 2001 en el juzgado de Primera Instancia número 1 de la Audiencia Provincial de Jaén ocurrieron en la finca conocida como Vega de la Reina el 23 de julio de 1999, cuando en un pozo de aguas fecales que se destinaba al riego del cultivo de olivar de la finca de Francisco Arenas, dedicada a hacer trabajo agrícolas, hallaron los cuerpos sin vida de Antonio García Contreras, de 52 años y Pedro Arenas Hernández, de 32 años, con síntomas de asfixia por la inhalación de los gases procedentes de las aguas fecales, amoniaco, azufre y anhidrido carbónico.
Las dos víctimas estaban realizando obras en tuberías cercanas a la caseta donde estaban situados los pozos. Tras ese hecho dos tribunales de justicia se pronunciaron sobre cada uno de los casos, uno de ellos dándole la razón a la familia de la víctima y otro, en el caso de Pedro Arenas, rebatiendo la tesis de la familia y negando la posibilidad de accidente laboral, tras lo que esta familia recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aunque finalmente el empresario salió absuelto.
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