El Gobierno central está ultimando medidas con el fin de actualizar el catálogo de enfermedades profesionales. La reforma también contempla la posibilidad de que los médicos evaluadores de la Seguridad Social puedan iniciar el proceso de notificación y registro de estas enfermedades, con el fin de detectarlas lo antes posible. “Debemos mejorar la calidad de la prevención de los riesgos laborales superando la práctica defensiva actual basada en evitar responsabilidades”, aseguró Octavio José Granado, Secretario de Estado de la Seguridad Social, en la jornada que organizó la Asociación Nacional de Entidades de Prevención Acreditadas (ANEPA) sobre seguridad jurídica en este campo que congregó a unos 200 asistentes de diferentes empresas y organizaciones.
Granado apuntó algunas claves para la mejora de la calidad de la prevención en España, aunque reconoció que “no es una tarea sencilla”. Entre ellas, destacó la necesidad de deslindar las competencias entre las diferentes administraciones (nacional y autonómicas), con la preceptiva coordinación y reparto de tareas. También se requeriría una simplificación de la normativa, con el fin de mejorar las condiciones de los diferentes actores.
Para Ángel Luis Sánchez Iglesias, Subdirector General para la Prevención de Riesgos Laborales y las Políticas de Igualdad, del Ministerio de Trabajo, “se debería apostar por una actuación inspectora pública e independiente”, aunque reconoció la existencia de una serie de problemas a eliminar como la discrecionalidad de los inspectores con la elaboración de protocolos y criterios comunes, así como una excesiva inclinación hacia la actuación sancionadora. Para subsanarlos anunció un plan piloto para el asesoramiento en materia de prevención a las pymes, reduciendo las sanciones a cambio de medidas de formación y concienciación.
El Ministerio Fiscal considera que existen varios elementos que definen una inseguridad jurídica de las empresas en materia de prevención derivadas de la amplitud de las normativas existentes, tanto la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como las normas de desarrollo (unas 32), así como otras normativas legales o convencionales (municipales, Convenios Colectivos…). La Fiscalía plantea la necesidad de aligerar la investigación, para lo que se hace imprescindible un protocolo de actuación para los Cuerpos de Seguridad, así como mejorar los mecanismos de interacción y comunicación con la Inspección de Trabajo y la organización interna. Para ello, anunciaron la creación de un Fiscal de Sala exclusivo para este tipo de materias “con el fin de renovar las pautas para una actuación más concreta”, aseguró Pedro José Crespo Barquero, fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
En este sentido, Alejandro María de Benito López, Magistrado de la Sección penal 4ª de la Audiencia Provincial de Madrid, destacó la abundancia de jurisprudencia que está sentando mucha base, sobre todo, en materia de subcontratas. La opinión de ANEPA es que “la cultura de la seguridad se está asentando en España, no por coacciones ni sentencias, aunque la sociedad en la que vivimos es bastante imprudente”, explicó Conrado López, Vicepresidente de la asociación.
Todos los ponentes lanzaron un mensaje esperanzador con motivo de la celebración del décimo aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, “se ha mejorado mucho en estos 10 años, el debate y el derecho a la seguridad de los trabajadores ya está instalado en nuestra sociedad, aunque nos queda un camino largo todavía”, explicó Ángel Rubio Ruiz, Director de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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