El grupo socialista presentó, el pasado día 1 de este mes, 35 enmiendas a la proposición de ley de IU, por la que se regula, por primera vez en España, la subcontratación para garantizar la seguridad de los trabajadores de la construcción.
La iniciativa, ha partido del propio ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que ha preferido no esperar a que la patronal de la construcción (Seopan) y las federaciones sindicales del sector, MCA-UGT y Fecoma-CC.OO., se pusieran de acuerdo después de casi un año de negociaciones.
La regulación de las subcontratas, además, se había incluido como materia de la propia reforma laboral y sobre ella ya se habían comprobado las posiciones enfrentadas de empresarios y sindicatos.
La razón de esta urgencia se puede encontrar en las propias declaraciones del ministro Caldera, quien en el mismo lugar del accidente que tuvo lugar en Almuñécar (Granada) a principios del pasado noviembre, donde fallecieron seis trabajadores, había dicho que la construcción es el sector donde más inspecciones se realizan. Entre enero y septiembre se han visitado 57.521 obras, el 58,8% de las visitas totales, siendo también investigadas las actividades de agricultura, industria y servicios, hasta sumar 97.802 en total. Como resultado de estas visitas se detectó que 16.990 infracciones correspondieron a la construcción, por un valor de 55,7 millones (el 61,3%). A ello se sumaron 75.947 requerimientos para subsanar deficiencias y se paralizaron 1.455 obras.
Además de la labor inspectora, que se ha demostrado insuficiente, ahora se pretende que un mayor control legal ponga freno a la gran cantidad de muertes que, como todos coinciden después en decir, «se podían haber evitado». En la justificación de esta iniciativa legislativa se explica que la externalización de servicios es el origen de un maremágnum de contratas y subcontratas, con las que se gana en especialización, mejora tecnológica o desarrollo del tejido industrial, pero se pierde en prevención y preparación de los trabajadores. «Pruebas y estudios demuestran que cuando se produce una exacerbación o extensión injustificada de este sistema de organización conlleva inevitablemente un deterioro de la seguridad y de las condiciones de trabajo», se explica en la exposición de motivos.
De esta forma, el Gobierno ha optado por regular una serie de garantías que regulen las subcontratas, estableciendo un máximo de tres niveles de subcontratación. Pero, además, se exigirá que se cumpla una serie de requisitos de calidad y de solvencia por parte de las subcontratas, unas exigencias que se acentuarán cuando la actividad de que se trate sea considerada de «especial peligrosidad».
Y para dar mayor transparencia a la cadena de subcontratas, se fijarán sistemas documentales y de mecanismos reforzados de participación de los trabajadores. Igualmente, se tipifican con mucha claridad las infracciones y sanciones.
La ley fijará que «no es posible subcontratar» una actividad cuando la misma «consista básicamente en la aportación de mano de obra». El fin que se persigue con esta prohibición es «no incurrir en los supuestos de cesión ilegal de trabajadores» ni que con ello lo único que se busque sea bajar salarios o empeorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
La futura ley incluirá también unos mecanismos de control, como un registro de empresas, atendiendo a la naturaleza de sus actividades, sobre todo las de especial riesgo para el trabajador. Además, en cada obra se deberá disponer de un libro de subcontratas en el que aparezcan las empresas que realizan los trabajos, junto con los planes de seguridad, la formación del personal o instrucciones de coordinación.
En este registro también deberán inscribirse las empresas extranjeras que subcontratan sus servicios, las cuales deberán figurar en el libro de la obra.
Asimismo, se exigirá que en las plantillas de las subcontratas exista, inicialmente, un 10% de plantilla fija, que se extenderá al 20% desde el segundo año de entrada en vigor de la nueva normativa.
De acuerdo con los datos que maneja el Ministerio de Trabajo, en la actualidad existen alrededor de 400.000 subcontratas que prestan su actividad en el sector de la construcción.
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