La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, y el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunciaron hoy que el Gobierno ampliará este año la aportación de 83 a 277 millones de euros a las comunidades autónomas para mejorar y racionalizar el gasto derivado de las “bajas laborales por enfermedad”. Este ha sido el resultado de la revisión del convenio sobre las prestaciones por incapacidad temporal que “estaba bloqueado” y había provocado “enfrentamientos” en los últimos años entre las CC.AA y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, según Salgado.
En la presentación de este nuevo procedimiento, Salgado se autodenominó como “mediadora” ante el cumplimiento de la tarea de cohesión que tiene entre las comunidades autónomas y el Gobierno. No obstante, resaltó la estrecha colaboración mantenida entre los servicios de salud y el Ministerio de Trabajo.
Respecto a la reclamación de los pagos correspondientes a los convenios suscritos en los años 2002 y 2003 por parte de las CC.AA, Salgado aseguró que “el Gobierno actual no tiene ninguna capacidad para pagarlo basándose en las leyes actuales, y las autonomías deberían haberlo exigido al anterior Ejecutivo”. “No es nuestra responsabilidad”, precisó.
No obstante, la ministra recordó que, a pesar de que la revisión de este convenio se explicó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado el pasado 16 de junio, y en el cual los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP “no quisieron participar en la reunión”, agregó “Sanidad no ha tenido en cuenta esa actitud y ha tenido un especial cuidado en garantizar las ventajas de este convenio a todas las CC.AA”.
Inicio de negociaciones
Por su parte, Caldera informó que en las próximas semanas se iniciarán las negociaciones entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Trabajo para elaborar un nuevo convenio para años sucesivos que “permita una mejora de los parámetros de la incapacidad temporal, sin perjudicar la financiación de sanidad”.
Según Caldera, que criticó el “excesivo crecimiento del gasto por las bajas laborales” en los dos últimos años, al no corresponderse con el número de nuevos afiliados y con los salarios, insistió en que “todos deben hacer un gran esfuerzo en intentar racionalizar este gasto, para corregir esta tendencia”. A su juicio, el convenio de 2002 “era demasiado exigente”, por lo que abogó por “flexibilizar los criterios”.
“Si el gasto se desboca, lo pagamos todos”, según el titular del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, que achacó las razones de este incremento al fraude –en algunos casos– y a una mala racionalización y gestión económica.
Concretamente, para luchar contra el posible fraude, Caldera propone mejorar el flujo de información entre los servicios de salud y los sociales, así como favorecer una informatización de los partes (tanto de baja y de alta), para poder mejorar el control adecuado.
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