La acusación particular sostiene que en los hechos se produjo una clara negligencia por parte de las empresas implicadas. La primera era la promotora que contrató a la empresa para la obra, quien a su vez subcontrató a otras dos. Según la defensa y la fiscalía, los obreros trabajaban sin las medidas de seguridad adecuadas, teniendo en cuenta el tipo de trabajo que efectuaban.
Durante la vista, tanto la Fiscal como la acusación preguntaron por estas. Los coordinadores de seguridad indicaron que durante los trabajos a los obreros los protegía una valla exterior, que es el tipo de protección colectiva que se suele usar en esos casos. Respecto a la ausencia de una red externa, indicaron que esa red se instala una vez que el hormigón está solidificado y se pueden colocar los anclajes necesarios para que esta sea efectiva. En el caso de los arneses, por los que fueron insistentemente inquiridos, indicaron que pese a tenerlos, estos se usan cuando los trabajos con exteriores, y en esta caso fueron interiores.
Respecto al motivo de la caída, se estudia la hipótesis de que fuese un latigazo de la tubería, aunque los coordinadores indicaron que al no estar presentes no podían asegurar los motivos exactos.
Indemnización
La Fiscalía ha solicitado una pena de 18 meses de presión a cada uno de los ochos imputados en el caso. Por su parte, la acusación particular pide dos años y 40.000 euros más los intereses acumulados durante todos estos años.
Las defensas solicitan la libre absolución de sus patrocinados.
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