El área de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Córdoba, que se constituyó en marzo de 2005, emprendió durante el pasado ejercicio acciones legales por 791 accidentes de trabajo. Así, de los 12.069 percances que se registraron (según CC.OO.), sólo 791 acabaron en los juzgados.
Desde los sindicatos, se achacaron estos resultados a la falta de medios materiales y personales, aspectos en los que coinciden con el Ministerio Público.
Así, según el secretario de Organización de Comisiones Obreras en Córdoba, Manuel Merino, «actualmente, tan sólo dos fiscales se dedican en exclusiva a este tipo de delitos, por lo que es lógico que no se instruyan más causas. A su favor diré que la mayoría de los accidentes registrados fueron leves (11.863), aunque estoy convencido de que en más de la mitad hubiera sido necesaria la intervención judicial».
Por su parte, el secretario de Salud Laboral de UGT en la provincia, Manuel Torralba, incidió en la necesidad de crear una fiscalía que únicamente se dedicara a abordar la siniestralidad laboral. «A pesar de que ya existe una sección que se ocupa de estos temas, está claro que son poquísimas las causas instruidas en comparación con los accidentes registrados», y añadió que «las cifras siguen siendo muy elevadas. en lo que va de año, se han producido ocho siniestros mortales».
Según la memoria de siniestralidad, a la que tuvo ayer acceso ABC, la Fiscalía recibió en 2005 un total de 95 expedientes del Centro de Prevención de Riesgos Laborales (el resto, llegaron por otros cauces). De ellos, 43 se remitieron a los diferentes juzgados de instrucción de la provincia, «bien porque se estimó que los hechos podían ser constitutivos de delito o para que se continuara la investigación iniciada», indica el informe.
En 38 expedientes, se resolvió por la Fiscalía que no existían motivos para que se incoaran diligencias y, en consecuencia, se procedió a su archivo.
Finalmente, en 14 casos se solicitó en su día a los correspondientes juzgados de instrucción información sobre las lesiones laborales de los afectados, «sin recibir respuesta hasta hoy».
El documento señala que, a pesar de que se intenta hacer un seguimiento de todas la diligencias previas en las que pueda existir indicios de un accidente en el puesto de trabajo, «lo cierto es que el principal inconveniente con que nos encontramos es la falta de un sistema informático que nos permita un control más efectivo de este seguimiento». Así, la siniestralidad laboral no se refleja tal cual en los ordenadores de Fiscalía, o se recoge parcialmente. Ello obedece a que las diligencias previas no llevan la correspondiente titulación o se embeben las lesiones laborales con la comunes.
La memoria continúa haciendo hincapié en que se ha detectado un «cierto retraso» en la tramitación de las causas. Es cierto que esta demora se debe a que en este tipo de procedimientos intervienen muchas partes, o por los informes técnicos que se precisan, pero «entendemos que es posible su agilización mediante la creación de secciones especializadas dentro de las fiscalías, si se cuenta con los medios necesarios», recoge el escrito.
Añade que «entendemos que en esta labor de prevención y persecución de las conductas que infrinjan las normas de prevención de riesgos laborales es necesaria la colaboración de todas la partes (Administración Central y Autonómica, sindicatos, empresarios y Ministerio Fiscal), por lo que debemos potenciar los encuentros que sean necesarios para reducir los accidentes».
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