Tenía 65 años, y antes de morir un hombre le trasladó gravemente herido hasta Urgencias del Hospital San Pedro. Dijo que le había atropellado en un paso de cebra, pero tras una primera exploración, los médicos empezaron a cuestionar la explicación del conductor. Le sometieron a una serie de preguntas y acabó confesando que la versión inicial que les había facilitado era falsa. Finalmente, las pesquisas policiales sacaron a la luz parte de lo ocurrido.
La víctima, dada la gravedad de las heridas, acabó muriendo y los facultativos llegaron a la conclusión de que se había precipitado desde una altura considerable. El conductor se derrumba y acaba reconociendo otra versión. Asegura que el fallecido era un jubilado, amigo de uno de los socios de la empresa que él, junto a otras dos personas, dirige. Al parecer, la firma había sido subcontratada para la colocación de unos cristales en una obra de construcción de viviendas y que el fallecido al estar jubilado colaboraba esporádica, voluntaria y clandestinamente con ellos para ganarse un dinero.
El asunto, que está en fase de instrucción en los juzgados riojanos, sirve a la Fiscalía para cuestionarse, con independencia de la legalidad de la contratación del jubilado, por qué el fallecido no trabajaba con los medios de seguridad adecuados. Entiende el Ministerio Público que «estamos ante un accidente laboral en toda regla, que pone de manifiesto la cara más desprotegida de la contratación clandestina y de la economía sumergida» y así lo plasma en su memoria del 2010. En su cruzada contra la siniestralidad laboral, la acusación pública sostiene que el empresario que mantiene oculto un trabajo real «no sólo no pone cuidado en cumplir los requisitos burocráticos de contratación, sino que, al estar oculto, no necesita cumplir la prestación de seguridad y formación hacia el trabajador», lo que se convierte, como en el caso anterior, en una «trampa desgraciada».
Este relato describe uno de los cuatro accidentes laborales en los que el pasado año perdieron la vida otras tantas personas y que ha recogido la Fiscalía en su memoria anual. El número de homicidios por imprudencia en el ámbito laboral supone un aumento del 100% con respecto a los que se produjeron el 2009 y aunque cuantitativamente no es alarmante, el Ministerio Público pone el acento en que pese a la actividad realizada desde todas las instituciones, año tras año se producen accidentes laborales, «muchos de los cuales son el resultado exacto, automático y previsible de actuaciones negligentes, aceleradas y en las que no se cumple la exigente acción preventiva que marca la normativa».
No obstante, reconoce que existen otros siniestros en los que la conducta dolosa, delictiva o culposa no se observa tan fácilmente y que incluso se pueden producir en empresas que se esmeran en prevención. Para esta institución también es indudable que cuando los procesos de producción funcionan con fluidez, acompañados de bonanza económica, el riesgo aumenta cuantitativamente.
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