La Inspección de Trabajo pondrá en conocimiento de la Fiscalía las faltas muy graves y algunas de las graves en materia de salud laboral en los casos en que no se haya producido accidente, pero que muestren “un riesgo cierto” para el trabajador.
Según explica el jefe de la Inspección de Trabajo en Castellón, Vicente Sampedro, la iniciativa deja abierta la puerta a acciones de tipo penal por parte del Ministerio Fiscal “en una novedad que se ajusta al artículo 316 del nuevo Código Penal, como delito de riesgo o peligro” para la vida. El acuerdo surgió de las últimas jornadas de coordinación entre fiscales e inspectores de trabajo celebradas los días 3 y 4 de mayo en Madrid, en las que también se dieron cita los líderes sindicales y empresariales españoles. “En nuestro país –argumenta Sampedro– los accidentes laborales nos cuestan dos billones de pesetas al año”, por lo que la vía que se abre se perfila como una fórmula “para que los que incumplen cambien de mentalidad”.
La intención del acuerdo es echar el freno a las imprudentes formas de actuar de determinadas empresas, que se traducen en accidentes laborales que en demasiadas ocasiones tienen consecuencias fatales.
En el caso de las infracciones graves detectadas, la medida se aplicará “con restricción”, si bien el criterio de la Inspección de Trabajo será el de actuar “conforme al acuerdo, que trata de evitar riesgos innecesarios”. Sampedro ha insistido en los últimos meses en que las sanciones administrativas “son muy altas”, por lo que incluso “desde el punto de vista económico, de rentabilidad, sale más barato cumplir con lo que marca la ley que salirse de ella y arriesgarse a una multa económica que resulta elevada”.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
