Para avanzar en aquel objetivo, el Servicio Vasco de Salud cerró ayer una declaración con tres centrales (el SATSE de enfermería, el Sindicato Médico y CCOO) en el que avanza que considerará las agresiones como accidentes de trabajo.
Osakidetza se compromete a asumir la “plena protección y respaldo” a su plantilla ante ese tipo de situaciones, que se traducirá tanto a nivel psicológico como de asistencia legal. Además, facilitará la denuncia de los hechos ante la justicia ordinaria al considerar que “la agresión a profesionales implica, de manera indirecta, una agresión al propio Servicio de Salud vasco”.
En el caso concreto de los médicos, uno de los colectivos profesionales sanitarios más afectados por las agresiones, el Consejo de Médicos vasco y la Fiscalía del Tribunal Superior firmaron en septiembre de 2007 un acuerdo por el que las agresiones o los facultativos de Osakidetza se tramitan como delitos de atentado a funcionario público, para los que el Código Penal prevé de uno a tres años de cárcel.
Para fomentar la formación de los trabajadores sanitarios en situaciones de riesgo de agresión, el protocolo cerrado ayer prevé poner en marcha campañas de concienciación y sensibilización dirigidas a fomentar el respecto de los ciudadanos y a generar un clima de confianza entre los profesionales de la Sanidad y sus usuarios. Los tres sindicatos y Osakidetza colaborarán en la constitución de un observatorio sobre agresiones.
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