Este miércoles, en la segunda sesión del juicio por el caso Ardystil, se escucharon los testimonios de la propietaria de Ardystil, Juana Llácer, que se enfrenta a la pena más alta que se pide en el juicio, seis años de cárcel. La principal acusada aseguró ante el juez que no sabía que los productos químicos que se utilizaban en su empresa fueran tóxicos y ha reconocido que las mascarillas que utilizaban eran de papel y no había ventilación.
Juana Llácer, propietaria de la empresa Ardystil, donde se originó la intoxicación y donde se registraron cinco de las seis muertes declaró este miércoles. La empresaria que se enfrenta a la máxima pena que se pide en este juicio, seis años de cárcel, declaró delante de 50 afectados que se desplazaron hasta los juzgados de Alicante en autobús desde Alcoi.
En esta segunda sesión del juicio, que comienza once años después de que se produjera la primera muerte, también se escucharon las declaraciones de otros nueve empresarios y del inspector de trabajo, todos ellos acusados de imprudencia temeraria.
La presidenta de la asociación, Amparo Pascual, tildó a la propietaria de Ardystil de “mentirosa” al término de la vista, y afirmó respecto del proceso: “Aquí nadie es culpable, pero hay seis personas en el cementerio”.
En esta segunda jornada, después de que el tribunal resolviera sobre las cuestiones previas planteadas el martes por las distintas partes, J.Ll.S. explicó que no tenía conocimientos químicos, por lo que se apoyó en el asesoramiento de R.C.M., que declarará en el juicio en calidad de testigo y al que calificó de “pionero en la introducción de la aerografía en Alcoy”.
“Según él, las fórmulas para mezclar los productos se las dio Bayer”, apuntó en alusión a la multinacional a preguntas del fiscal, y añadió que R.C.M., antes de marcharse Ardystil, enseñó el procedimiento a una trabajadora, M.T.V.G., a la que conocía de otra empresa.
La empresaria declaró que ni la referida industria química ni otras dos, ICI y Solvay, también acusadas como responsables civiles de las indemnizaciones, advertían de la toxicidad de los productos y tampoco de la peligrosidad de los disolventes utilizados para limpiarlas.
“Yo no era consciente de que aquello fuera perjudicial porque en los bidones que me enviaba Bayer no venía nada, sólo la etiqueta de la marca. Sabiendo que los productos eran de esa casa, yo puse toda mi confianza y me despreocupé”, aseguró.
No obstante, J.Ll.S. reconoció que sólo instaló extractores para ventilar la nave donde se ubicaba su empresa después de que falleciera la primera víctima, Isabel Miró García, el 15 de febrero de 1992, y debido a que “en invierno hacía frío y no se podían abrir las catorce o quince ventanas que teníamos”.
También admitió que, al comenzar la actividad, de sus 14 empleados, sólo había dado de alta en la Seguridad Social a uno de ellos “para no pagar”, mientras que, posteriormente, formalizó varios contratos de formación pero no impartió nunca los cursos a los que estaba obligada.
Señaló también que no velaba por que los operarios llevaran mascarillas para protegerse las vías respiratorias y reconoció que algunas de las empleadas se confeccionaban las suyas propias en casa porque “les resultaban más cómodas” que las de papel existentes.
Por último, dijo que en ninguna de las tres visitas que hizo la Inspección de Trabajo a Ardystil se le dieron indicaciones acerca de las normas de seguridad e higiene en el trabajo que debía cumplir, sino que “se limitaron a comprobar si los trabajadores habían sido dados de alta y a sancionarme”.
La acusación inculpa a la Inspección de Trabajo porque entiende que no corrigió las irregularidades que existían en cuanto a la protección de los trabajadores. Por su parte, el fiscal considera también culpables a tres industrias químicas y cinco compañías aseguradoras.
El fiscal encargado del caso, Ricard Cabedo, pide provisionalmente para ellos sendas penas de seis años y un día de prisión mayor, y para los otros ocho responsables de las textiles penas que van de uno a cuatro años, dos meses y un día de prisión menor.
Por su parte, las acusaciones particulares también acusan penalmente a un inspector de trabajo, A.O.H., al entender que no corrigió las irregularidades en las condiciones.
El fiscal y las acusaciones cifran en seis las personas fallecidas por enfermedades cardiorrespiratorias desde 1992 -cinco de ellas en Ardystil y una en Aeromán- por el uso de sustancias químicas para el estampado de tejidos, así como en 67 el número de afectados.
El fiscal pide para los perjudicados más de cuatro millones de euros en concepto de indemnización y considera responsables civiles a cuatro empresas textiles, tres industrias químicas que fabricaban los productos empleados por las anteriores y cinco compañías aseguradoras. Panorama-Actual.es
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