En la mayoría de los edificios del mundo desarrollado, construidos antes de 1980, se empleó amianto. También automóviles de primera línea, fabricados entre 1960 y finales de los 80, contenían este mineral nocivo para la salud. Pero los grandes perjudicados por sus peligrosas consecuencias han sido cientos de miles de trabajadores de la industrial naval, ferroviaria o de reparación de vehículos en las que se utilizó como materia prima; por ello, los sindicatos se han unido en 2006 para impulsar la lucha contra las consecuencias del amianto en el Día Mundial de la Salud y Seguridad Laboral.
Este material mata en el mundo a unos 100.000 trabajadores cada año, 1.000 de los cuales son españoles. El Parlamento Europeo lo declaró sustancia cancerígena en 1978, pero España tardó 23 años en prohibir su uso y comercialización, retraso que originará que el sufrimiento y la agonía del personal expuesto a sus consecuencias se prolongue en el país hasta 2030.
No obstante, el pasado 22 de febrero, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad adoptar medidas para frenar las enfermedades producidas por el amianto. El plan acordado afecta de lleno a las comunidades autónomas, que deberán coordinarse con los Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de Sanidad y Consumo para realizar una evaluación sobre la situación y el estado físico de los trabajadores.
Galicia, Cataluña, Madrid, Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana y Asturias son las que presentan mayores tasas de mortalidad por cáncer de pleura y pulmón, patologías laborales, no reconocidas.
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