El Tribunal de Cuentas ha detectado 1,9 millones de bajas laborales sin control entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, es decir, el 64% del total, y ha subrayado la “falta de comprobación” tanto por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social como sus direcciones provinciales.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, en una comparecencia en el Congreso, ha informado de que estos procesos de incapacidad temporal que no fueron objeto de comprobación han supuesto al sistema un coste de, al menos, 1.185 millones.
El presidente del Tribunal ha apuntado que en 2012 el número de procesos de incapacidad temporal que el Instituto Nacional de Seguridad Social “pretendía comprobar y controlar” disminuyó un 31,4% respecto al ejercicio anterior.
Según Álvarez de Miranda, esto se ha debido a la exclusión de los contratos laborales a tiempo parcial en los procesos de comprobación. El presidente del Tribunal también se ha referido a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y ha dicho que en este caso “el pago delegado fue mucho más fiable y eficiente que el implantado por el Instituto Nacional de Seguridad Social, dado que recibían del Tesoro toda la información necesaria para hacer los controles”.
Recomendaciones en este contexto, el Tribunal de Cuentas ha recomendado al Ministerio de Empleo impulsar la creación de una base de datos de partes médicos debidamente consolidada y conjunta con la información de que disponen las entidades del sistema de la Seguridad Social “para lograr un control más eficiente de los procesos de incapacidad temporal”.
Además, ha instado al Ministerio a dictar las normas oportunas para que las mutuas y las direcciones provinciales comuniquen periódicamente al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) los pagos directos de prestaciones de incapacidad temporal a favor de trabajadores por finalización de los contratos laborales , “con objeto de que se produzcan pagos duplicados en prestaciones”.
Sin embargo, la diputada socialista ha alertado de que se intente “utilizar el informe como excusa para derivar funciones de los entes públicos a las mutuas“. La diputada del PP Celia Alberto ha abogado por aumentar el “trasvase” de información y control, y “tomar nota” para solventar los problemas detectados. No obstante, ha pedido al Tribunal de Cuentas que les haga llegar “si existe” un informe anterior que permita verificar la evolución en la gestión y control del pago de incapacidades temporales.
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