España es el Estado de la Unión Europea (UE) con un mayor número de accidentes laborales al año. En 2008, nuestro país tocó techo, al alcanzar la desorbitada cifra de 895.000 siniestros. En contra de lo que cabría esperar, la respuesta del Gobierno ante tamaño problema no ha logrado precisamente el aplauso dentro del colectivo médico, sino más bien todo lo contrario.
La voz de alarma la ha dado la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (Aeemt). A ella se ha sumado también la Federación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Femyts), el sindicato sanitario mayoritario en esta comunidad.
Ambas organizaciones lamentan el «remedio» que ha ideado el Ejecutivo, y alertan de que con él, lejos de bajar, la siniestralidad laboral y la infradeclaración de enfermedades profesionales pueden ir incluso a más. Se refieren en concreto al proyecto de real decreto que han confeccionado a la par el Ministerio de Sanidad y Política Social, y el Ministerio de Trabajo, una nueva norma para la polémica en el sector sanitario. Según denuncian ambas organizaciones, el texto encubre en realidad «un intento de socavar la calidad y el nivel de seguridad y salud de todos los trabajadores de nuestro país».
¿Qué dice este desarrollo reglamentario para caldear tanto los ánimos de los facultativos? De entrada, reduce curiosamente la presencia de médicos en las unidades de prevención que trabajan para las empresas, decisión sorprendente teniendo en cuenta las negras cifras de siniestralidad laboral. Según Femyts, con el proyecto la unidad básica sanitaria, constituida por un médico del trabajo y un enfermero de empresa a tiempo completo, obligatoria hoy en día para las empresas que superan los mil trabajadores, tendrá que doblar el número de empleados asignados, hasta cubrir a 2.000. Esto implicará, según la organización sindical y la sociedad científica, que «en los próximos años el 50 por ciento de los médicos y enfermeros del trabajo perderán su puesto en los servicios de prevención propios, a la vez que disminuirán considerablemente muchos puestos de trabajo en los servicios de prevención externos».
A este respecto, el artículo cuatro del borrador, relativo a los recursos humanos, estipula que «con carácter general, hasta los 2.000 trabajadores, (habrá) una unidad básica sanitaria en cada una de las comunidades autónomas en las que realice actividad el servicio de prevención… A partir de 2.000 trabajadores, se tendrá en cuenta la mayor eficacia del trabajo en equipo, para lo que se utilizará el criterio horas/trabajador/año para dimensionar el área sanitaria de los servicios de prevención». Según el anexo que incluye el proyecto de real decreto, la unidad básica sanitaria tendría que dedicar desde 48 minutos por trabajador al año en empresas de entre 2.001 y 3.500 trabajadores, hasta 34 minutos por trabajador al año cuando el colectivo de trabajadores supere la cifra de 30.001.
La norma añade otros puntos llamativos, como que en los servicios de prevención propios para menos de 2.000 trabajadores, «podrán aceptarse horarios de dedicación inferiores a la jornada completa», y que «en los servicios de prevención de riesgos habilitados para la formación de médicos especialistas en medicina del trabajo y/o enfermeros especialistas en enfermería del Trabajo, este personal, a partir del segundo año de formación, computará como recurso sanitario de dichos servicios. A estos efectos, cada dos residentes computarán por un médico o, en su caso, enfermero especialista».
Según Femyts, «detrás de todas estas propuestas de reforma del marco de la prevención y seguridad en el trabajo se esconde una cesión del Gobierno a las mutuas para abaratar dichos servicios de prevención a costa de las cargas de trabajo de los médicos implicados, algo que afectará gravemente a la calidad de la prevención de riesgos».
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