El accidente laboral que, en marzo de 2001, dejó inválido a un peón que trabajaba en un edificio en construcción de Arteixo puede costarles a los responsables de la promotora y las empresas contratadas para la ejecución hasta tres años de cárcel y el pago de los gastos vitalicios del lesionado.
El Ministerio Público ha imputado a los administradores de la promotora del inmueble y la subcontrata, y a la arquitecta técnica encargada de coordinar la seguridad por delitos de lesiones por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores.
Los cuatro procesados están llamados a declarar el próximo día 18 en la sala de Penal 2; de ratificarse las acusaciones propuestas por la Fiscalía, todos ellos pueden enfrentarse a penas de hasta tres años de cárcel, y al pago de cuantiosas indemnizaciones, que servirán para la manutención del lesionado, que quedó totalmente inválido al sufrir una lesión medular completa a la altura de las cervicales.
El accidente se produjo a primera hora de la mañana del 26 de marzo de 2001, cuando el operario, un peón encofrador de 49 años, se encontraba realizando sus tareas a la altura de la segunda planta de un edificio de viviendas en construcción, sito en la avenida del Balneario de Arteixo. Según recoge el fiscal en sus conclusiones provisionales, el trabajador había sido designado para retirar una valla del encofrado y evitar que éste se vertiese, por lo que se colocó sobre la placa de la segunda planta, a unos seis metros del suelo, y comenzó a ejecutar su tarea. En cierto momento, al tirar con fuerza de unas varillas metálicas sujetas con puntas a la valla, perdió el equilibrio y se precipitó hacia atrás, cayendo de espaldas en la rúa de Viveiro, junto a la caseta de la obra. Tal como subraya el escrito de la acusación pública, en el momento del accidente el peón no llevaba colocado el arnés anticaída, ni existían tampoco redes de seguridad colectiva en la calle.
A consecuencia de la caída, el herido sufrió una luxación de las vértebras C3 y C4 que le causó una lesión medular completa la cual, tras 220 días de hospitalización, se revierte en secuelas irreversibles, que le impiden realizar las tareas más elementales de la vida diaria, desde la higiene, hasta la movilidad o la alimentación.
A este respecto, la acusación pública solicita que los cuatro imputados se hagan cargo de indemnizar al lesionado en unos 500.000 euros. De ellos, 14.000 serían la respuesta a los días de hospitalización, 100.000 irían destinados a la adecuación de la vivienda del trabajador a su estado físico, 90.000 irían en favor de su esposa y su hija y el resto estaría dedicado a la manutención. En concreto, el fiscal plantea la posibilidad de que el hombre reciba parte de la indemnización fraccionada, a 9.000 euros al año el resto de su vida.
La acusación particular, que representa los intereses del damnificado, va más allá en sus peticiones, y en el apartado de responsabilidad civil reclama indemnizaciones por un valor total de 5,1 millones de euros.
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