Tras la comunicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a los miembros del comité de empresa del Instituto Valenciano de la Vivienda, el Gobierno valenciano va a dar esta semana un nuevo paso en la reordenación del sector público e inicia la clausura de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, aprobada en el primer pleno del Consell del pasado mes de noviembre.
No obstante, el grueso del ajuste entre las empresas, fundaciones y entidades públicas autonómicas se realizará a lo largo del segundo semestre del año, cuando la consultora Deloitte tenga claro el diseño del sector público.
Esta semana está previsto que se vacíe el local de la sede de la Fundación, sito en la calle Cronista Carreres y que los muebles de este local se destinen a Burjassot, localidad en la que se levanta la sede del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), el departamento autonómico del que teóricamente depende y que suplirá como pueda su función.
El Gobierno valenciano va a despedir a los ocho operarios que trabajaban para la fundación valiéndose de la reforma laboral puesta en marcha por el Ejecutivo central, según han asegurado fuentes del sector. El despido se efectuará por medio de un ERE.
Estos ocho trabajadores, especializados en trabajos de investigación y desarrollo, supusieron un desembolso de 307.127 euros para la arcas autonómicas, según la última Cuenta General de la Generalitat.
La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que es como de manera oficial se denomina, es una entidad del sector público autonómico sin ánimo de lucro que disponía de personalidad jurídica propia. Se constituyó un 31 de marzo de hace 12 años.
Los órganos de gobierno de la Fundación están compuestos por representantes de los principales agentes implicados en la prevención de riesgos laborales: Administración autonómica y organizaciones sindicales y empresariales.
Su objetivo es promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en especial en las pequeñas y medianas empresas a través de la información, formación, divulgación e investigación en materia preventiva así como la asistencia técnica y jurídica y promocionando el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud laboral.
La decisión de eliminar esta fundación se produjo cuando el pleno del Consell decidió, el pasado mes de noviembre, liquidar nueve fundaciones públicas y una sociedad mercantil. Una medida que permitirá ahorrar 3,3 millones de euros respecto a este ejercicio y que afectará a un máximo de 75 trabajadores.
Una de las fundaciones más relevantes que se aprobó extinguir fue la de Agua y Progreso, que durante los últimos años llevó la bandera de las reivindicaciones hídricas de la Comunitat.
La Fundación Medioambiental de la Comunitat BUSEO es otra de ellas, así como las de la Calidad de la Educación y la de Fomento del Cooperativismo. Las fundaciones Valenciana de la Calidad, Costa Azahar y Pro Esport son las restantes que aprobó el Consell su eliminación. Las fundaciones de la Calidad de la Educación y para la Calidad se integrarán, junto con la sociedad mercantil Instituto Valenciano de Prácticas Sanitarias (INACEPS), dentro de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP), que depende de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo.
La Fundación de la Comunitat Valenciana para la Investigación en el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia, otra que se aprobó eliminar, se integra en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
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