MADRID.- El presidente del Gobierno regional, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer que el Ejecutivo de Madrid está pensando en introducir alguna modificación en la legislación vigente sobre riesgos y salud laboral.En concreto, Ruiz-Gallardón apuntó la posibilidad de que la Administración regional prime, a la hora de contratar con empresas, a aquellas que presenten menores niveles de siniestralidad o, lo que es lo mismo, castigue a aquellas que tienen unos índices altos de accidentalidad laboral.
Ruiz-Gallardón hizo estas declaraciones al término de la reunión del Consejo de Gobierno, donde el titular de Economía, Luis Blázquez, hizo una serie de consideraciones sobre los índices de siniestralidad en Madrid. Estas reflexiones han venido motivadas por la muerte esta misma semana de dos trabajadores del sector de la construcción y por las críticas de los sindicatos a la ineficacia de la legislación vigente; críticas que, en parte, fueron avaladas posteriormente por el propio Luis Blázquez.
Ruiz-Gallardón, contestando a preguntas de los periodistas, avanzó que el Ejecutivo madrileño está pensando modificar la legislación sobre salud laboral en aquellos asuntos en los que es competente.Por ejemplo, en la contratación con empresas privadas.
El sistema empleado sería el que ya se aplica tras el acuerdo con los sindicatos sobre la estabilidad en el empleo, acuerdo que ha sido recurrido por la patronal española de la construcción ante la Unión Europea.
En opinión de Ruiz-Gallardón, esta medida podría ser eficaz no sólo por su aplicación concreta, ya que primaría a las empresas que respetan la legislación en materia de seguridad laboral, sino también porque resultaría ejemplificadora para todas las demás.
Ruiz-Gallardón afirmó que es necesario modificar la normativa sobre las condiciones de seguridad en el trabajo, tanto la estatal como la autonómica, para garantizar los efectos de la labor de inspección.
«La Comunidad de Madrid, si tuviera mayores competencias, estaría dispuesta a asumir mayores niveles de compromiso de inspección», precisó Ruiz-Gallardón, que no descarta solicitar esta transferencia de responsabilidades ni una modificación de la ley estatal a través de una proposición emanada de la voluntad de los grupos de la Asamblea de Madrid.
El presidente regional reconoció que en estos momentos existen unos elementos de insuficiencia para la efectividad de la labor sancionadora como consecuencia de la lentitud de la tramitación de los propios procedimientos.
Respecto a la modificación de la normativa autonómica, anunció que el Gobierno va a iniciar un debate con los agentes sociales en el Consejo de Madrid, para introducir elementos correctores en la normativa madrileña sobre seguridad laboral.
En este momento, Ruiz-Gallardón se refirió a primar, en las contrataciones de la Administración regional, a aquellas empresas con menores índices de accidentes.
«Hay que intensificar el debate con los sindicatos sobre el análisis de la siniestralidad. El Consejo de Madrid, en el que están representados patronal y sindicatos, tiene que tener una relación permanente de cuáles son las empresas cuyos índices de siniestralidad superan los porcentajes medios por causa de una falta de vigilancia o actuación», dijo Ruiz-Gallardón.
«Sí que creo», añadió, «que hay que hacer un estudio sobre modificación de normativas estatales. Y así los solicitaremos, a través de la Asamblea, al Gobierno de la nación». Ruiz-Gallardón se refirió tanto a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como a la Ley de Mutuas. El Consejo de Gobierno aprobó ayer, además, otros asuntos.
Investigación a un colegio. Ruiz-Gallardón anunció, contestando a preguntas de los periodistas, que la Administración va a iniciar una investigación sobre la actuación del colegio privado Zola de Monterrozas, situado en Las Rozas, para saber si se ha discriminado a un niño diabético de 13 años, al que se le impidió asistir a un viaje de fin de curso con el resto de sus compañeros. Por su parte, informa Europa Press, el defensor del Menor, Javier Urra, dijo ayer, en relación a este asunto, que se han producido dos casos más similares al denunciado en los últimos días: uno de un niño que por ser portavoz del VIH fue expulsado del colegio y otro de una niña que estaba siendo discriminada en su centro escolar por tener espina bífida.
Metabuses. El Ejecutivo regional aprobó un gasto de 587 millones para contratar los servicios de dos nuevos metabuses (dispositivos móviles de mantenimiento con sustitutivos opiáceos) y para un programa nido de intervención domiciliaria con esta misma sustancia para enfermos en situación terminal.
Salario Mínimo de Integración. El presidente anunció ayer en la Asamblea de Madrid, a preguntas del portavoz del Grupo PSOE-Progresistas, Pedro Sabando, que la Ley de Rentas Mínimas, que el presidente acordó con los sindicatos y que prometió en su discurso de investidura, será presentada a los agentes sociales antes de lo previsto, concretamente en el mes de julio y que, posteriormente, se remitirá a la Asamblea.
Ruiz-Gallardón no contestó a las preguntas de Pedro Sabando sobre la cuantía de la misma, que el PSOE sitúa en torno al salario mínimo interprofesional, ni sobre las condiciones que deberán reunir sus beneficiarios.
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