Las empresas controlarán las mutuas de accidentes de trabajo. Esta histórica aspiración de la CEOE será una realidad en breve, ya que se trata de una de las compensaciones que ha exigido el nuevo presidente de la patronal, Joan Rosell, para llegar a un acuerdo en el desarrollo de la reforma laboral y en la negociación colectiva.
La propuesta de Rosell cuenta con el visto bueno del ministro de Trabajo y supondrá, también la presencia de los representantes de los trabajadores en la gestión de estas instituciones.
La legislación actual de las mutuas, que data del 30 de diciembre de 1997, define a éstas como asociaciones de empresarios cuyo principal objeto es colaborar en la gestión de la Seguridad Social. Y esta colaboración comprende fundamentalmente dos tipos de actividades, la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal que se deriva de contingencias comunes. Las mutuas están autorizadas por el Ministerio de Trabajo y sometidas a su vigilancia y tutela.
Los empresarios pretenden que el acuerdo incluya acciones que incrementen la coordinación entre las mutuas de accidentes y el INSS en relación a las bajas de menos de 15 días de duración, con el objetivo de potenciar la competitividad de las empresas.
Lograr esta histórica reivindicación de la patronal sería un éxito para el flamante presidente de los empresarios que presume de su carácter pactista y de su capacidad para llegar a acuerdos.
Pero además las mutuas, y sobre todo las reservas que acumulan por el exceso de cotizaciones por contingencias profesionales, son un ansiado botín. Hace unos meses el Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado, trató de unir los recursos acumulados en su fondo de prevención de riesgos, a la hucha de las pensiones. El proyecto del Ejecutivo puso en pie de guerra a las organizaciones empresariales, que entonces defendieron la importancia de mantener su independencia, ya que esto puede permitir una reducción de las cotizaciones empresariales. Finalmente, el Gobierno de Rodríguez Zapatero dio marcha atrás y a través de una enmienda de CiU a la ley de Presupuestos mantuvo la independencia de ambos fondos.
Apenas unos meses más tarde, el pasado 2 de febrero, Gobierno, sindicatos y empresarios, firmaban el Acuerdo Social y Económico, en el que todas las partes reconocen la existencia de un exceso de cotización por contingencias profesionales que debe ajustarse. Y es que las cotizaciones de los empresarios superan ampliamente el coste de las prestaciones, de la gestión y de la prevención de riesgos laborales.
Este ajuste permitiría, según los cálculos de los empresarios, rebajar la cuota de contingencias profesionales a la Seguridad Social entre medio punto y un punto.
Prueba de ello es que en los últimos años, a pesar de que ha disminuido el número de trabajadores, también se ha reducido mucho la siniestralidad, lo que se explica, fundamentalmente, por la destrucción de empleo en el sector de la construcción y los positivos efectos de las medidas de prevención. Y esto permite que los ahorros de las mutuas, que destinan en un 80% al Fondo de Prevención y en un 20% al de las pensiones, continúe creciendo año tras año. Así, el fondo de Prevención y Rehabilitación acumulaba a finales de 2009 un excedente superior a los 4.500 millones de euros, que superará los 5.000 cuando se realicen las aportaciones de los excedentes de 2010.
La organización CEOE cifra la sobrefinanciación que realizan las empresas a la Seguridad Social en unos 1.100 millones de euros anuales. El director de Relaciones Laborales de la patronal, José de la Cavada, aseguró recientemente en unas jornadas de la APD que si las cuotas empresariales se ajustasen a los costes reales, se podrían reducir éstas en 0,7 puntos porcentuales.
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