CC.OO ha presentado 180 denuncias, ante la Inspección de Trabajo de Extremadura, contra la Administración Periférica del Estado, por incumplir la ley de prevención de riesgos laborales en los centros que tiene, en la región, donde trabajan unos 20.000 empleados públicos.
A este respecto, la organización sindical ha matizado que estas denuncias están relacionadas con el incumplimiento de la necesaria evaluación de riesgos en estos centros de trabajo, en los que no hay suficientes manuales de autoprotección para los trabajadores, y además no se han puesto en marcha los servicios de prevención y riesgos laborales.
Además, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO en Extremadura, José María Izquierdo, y el secretario nacional de Salud Laboral de este sindicato, Pablo Frutos, han destacado que no se ha formado a los trabajadores ni a los delegados y, han indicado que el coste económico de las denuncias presentadas, 106 en la provincia de Badajoz y 74 en la de Cáceres, rondaría los 400 millones de pesetas, indicó Izquierdo.
En este sentido, los responsables sindicales han matizado que la actual legislación no tiene régimen sancionador para la propia Administración Pública, por lo que existe la paradoja de que, aunque se denuncien estas irregularidades, la Administración no se puede autosancionar por el incumplimiento. Pese a ello, CC.OO va a exigirle que invierta esos 400 millones en subsanar los incumplimientos detectados, en sus centros de Extremadura, y le advierte de que difícilmente va a poder hacer cumplir a las empresas privadas sus responsabilidades de vigilancia e inspección, cuando es incapaz de poner en marcha la ley de prevención en su propio ámbito laboral.
Y, con el fin de evitar que estas denuncias se olviden, CC.OO tiene previsto mantener reuniones con los responsables de las Inspecciones de Trabajo de Cáceres y Badajoz en las próximas semanas para estudiar cómo se van a tramitar. Y, si a pesar de ello no hay respuesta, este sindicato recurrirá al fiscal general del Estado, y en el último de los casos estamos dispuestos a acusar a muchos gestores de prevaricación, porque después de seis años que entró en vigor la ley ya ha pasado tiempo más que suficiente, para que ésta se aplique.
Cabe señalar que estas denuncias forman parte de una campaña nacional realizada por CCOO con la que pretende analizar el grado de cumplimiento de la citada ley en las Administraciones Públicas, y que ha dado como resultado un total de 3.000 denuncias presentadas ante las inspecciones de trabajo de toda España, valoradas en 6.000 millones de pesetas.
Según Pablo Frutos, el pasado año murieron en accidentes laborales 57 empleados públicos en España, y en lo que va de año han muerto 16 en los más de 9.000 accidentes de trabajo ocurridos. A partir de ahora, se desarrollará la segunda fase de esta campaña, que consistirá en analizar en profundidad la situación de la ley en el ámbito de la Junta de Extremadura, donde el sindicaro considera que está existiendo también una clarísima dejación de funciones en cuanto a su aplicación directa.
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