El sindicato CC.OO. denunció hoy que la dirección del Centro Penitenciario de Málaga “obliga a trabajar a las empleadas embarazadas en unas condiciones que representan un grave peligro para su salud y la de sus futuros hijos”.
Estas trabajadoras “deben desarrollar su servicio en contacto con polvillo desprendido de la dispensación de metadona”, incumpliendo el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y la Directiva 67/548 de la Comunidad Económica Europea sobre tóxicos y riesgos químicos.
Asimismo, se obliga a trabajar permanentemente en contacto con un medio “donde se manifiestan enfermedades que pueden tener incidencia grave sobre su salud”, como es el caso de la hepatitis, meningitis, tuberculosis u otras patologías “para las que se arbitran una serie de medidas preventivas y de contención, todas ellas inexistentes” en el centro penitenciario.
Esto supone, a juicio de este sindicato, “un grave riesgo” si se tiene en cuenta la situación de “extrema vulnerabilidad representada por un embarazo”.
Además, “se obliga a las trabajadoras a hacer entre 70 y 80 horas a la semana, ignorando la legislación existente”, lo cual representa “un peligro evidente para la salud” tanto de estas trabajadoras como de sus futuros hijos.
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