El Síndic de Greuges ha tramitado por primera vez un caso de «mobbing» en el ámbito carcelario. Se trata de un funcionario que, según ha denunciado, es objeto de acoso moral por parte de otros compañeros.
Según consta en la documentación estudiada por el Síndic, el 3 de enero de 2002, se abrió expediente disciplinario contra el funcionario Ismael Ch. P. como consecuencia de una comunicación enviada a la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, firmada por representantes de los sindicatos Catac y UGT. En esa comunicación se acusaba al funcionario de haber insultado y amenazado a un dirigente de Catac. En vía judicial, el denunciado fue condenado al pago de una multa de 90 euros.
Paralelamente a estos hechos, Ismael Ch. P. fue objeto de una campaña de acoso en diferentes publicaciones y escritos que, a juicio del Síndic, también podrían infringir el régimen penitenciario, por lo que esta institución solicitó a la citada Dirección General información sobre los motivos por lo que no se abrió expediente disciplinario contra los representantes sindicales responsables de esa campaña difamatoria. La Generalitat consideró que esos hechos no son susceptibles de falta disciplinaria, pues en su opinión, están amparado por el derecho a la libertad de expresión.
Por contra, el Síndic de Greuges considera que «los calificativos que diversas organizaciones sindicales han dispensado a Ismael Ch. P., en l amedida que su emisión pueda ser atribuida a personas concretas vinculadas con una relación de función pública ala Generalitat, pueden estar incluidos en los supuestos tipificados en el decreto 1/1997», que regula los derechos y deberes de los funcionarios.
El Síndic ha puesto sus consideraciones en conocimiento de la Dirección General de Servicios Penitenciarios con la finalidad de que este organismo «reconsidere» su postura respecto a los autores de los agravios sufridos por el citado funcionario. Según la Associació Democràtica Catalana de Funcionaris de Presons (Adecaf), Ismael Ch. P. es víctima de una reiterada campaña de acoso desde que testificó en contra de un funcionario condenado por agredir a un preso en el centro penitenciario de Brians, situado en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)
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