El acoso laboral o «mobbing» dentro de la Administración de Castilla y León se considerará falta grave, con apertura de expediente que puede llevar a tres años de suspensión de empleo y sueldo o traslado de localidad, según recoge el proyecto de Ley de la Función Pública, que aprobó el Consejo de Gobierno de la autonomía.
El proyecto de Ley, primero que presenta el Gobierno de Juan Vicente Herrera en esta sexta legislatura, sustituye al de 1990, cuando la Administración contaba con 17.000 trabajadores frente a los 82.267 actuales, y es el segundo que sobre esta materia elabora el Ejecutivo después de que el anterior, de 6 de febrero, decayera sin ser tramitado en el Parlamento, disuelto por la convocatoria electoral del 25 de mayo.
Esta iniciativa legislativa del Ejecutivo, que presentó en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, además eleva del 5 al 10 por ciento la provisión de plazas para discapacitados e introduce algunas novedades respeto al de febrero pasado, con la inclusión de un concurso anual de oferta pública de empleo y la creación y regulación de bolsas de trabajo.
El texto, respaldado por los sindicatos representados en el Consejo de la Función Pública, y con informe favorable del Consejo Consultivo, que ha tenido en este proyecto de ley su primer trabajo, incluye además mejoras para conciliar la vida laboral y la familiar, ya que amplia la reducción de jornada por lactancia hasta que el niño tenga un año -antes eran nueve meses- y por guarda legal de menores de ocho -antes seis- o parientes discapacitados.
Además, posibilita la movilidad por razones de salud o recuperación física, y tiene entre sus objetivos reducir la interinidad a un cinco por ciento en la administración general y hasta un siete por ciento en los sectores de sanidad y educación, y como otra de las novedades, explicó Fernández Mañueco, este «proyecto de ley vanguardista» prevé la promoción laboral cruzada entre funcionarios y laborales.
Los principios inspiradores del texto han sido «la convicción de que las personas al servicio de la administración con claves para que los ciudadanos aprecien, valoren y aprueben» el servicio público; acentuar los valores éticos para potenciar la vocación de servicio, ello mediante cursos de formación; y el reconocimiento de la importancia de la partición de los sindicatos.
Como ejes, según relató el consejero, busca la eficacia y la mejora en la prestación de servicios; un empleo de calidad y estable; la promoción profesional y el fomento de la motivación y la mejora de la calidad de vida en el trabajo y en del marco de relaciones laborales con un impulso del diálogo social entre los trabajadores.
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