El Gabinete autonómico llevará a cabo en 2005 más de 5.000 supervisiones en sendos centros de trabajo con el objetivo de «desarrollar actuaciones encaminadas hacia una constante mejora de las condiciones de trabajo en las obras de la construcción de Castilla y León». Así lo aseguró el vicepresidente segundo y también consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, que presentó ayer el «Programa territorial integrado de objetivos del sistema de inspección de trabajo seguridad social en Castilla y León para el año 2005».
En conjunto, este plan prevé más de 14.000 actuaciones encaminadas no sólo a controlar la siniestralidad sino que pretende atajar la temporalidad, comprobar las bajas laborales, impedir la discriminación tanto de personas discapacitadas como del colectivo femenino o revisar el desempeño profesional de los ciudadano extranjeros, entre otras finalidades.
En este sentido, Villanueva, explicó ayer que la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo de Castilla y León «está haciendo un esfuerzo para incrementar los medios y los recursos humanos y materiales con los que trabajar para que cada día tenga más facilidad en su actividad y que la labor de prevención sea efectiva y evite en la medida de lo posible accidentes como el registrado el pasado jueves en Burgo». El consejero de Economía efectuó estas declaraciones momentos antes de participar en la reunión de este organismo, en la que se establece y regula el marco de cooperación entre la Administración General del Estado y la Junta en materia inspectora.
El programa de inspección presentado ayer se articula en cinco ejes fundamentales referidos al empleo, la prevención de riesgos, la economía sumergida, la Seguridad Social y las políticas pasivas de empleo.
Así, el plan de prevención de riesgos contiene una campaña específica para el sector de la construcción por ser el más conflictivo de todos, ya que absorbe más de una cuarta parte de los siniestros. Además, se visitarán las 600 empresas de mayor siniestralidad y se realizará un control de la calidad en la prestación de servicios de prevención, con el análisis de al menos seis conciertos a empresas. La Inspección también actuará en 2.200 ocasiones dentro del plan en sectores con siniestralidad en aumento o derivada por agentes específicos.
«Habrá también inspecciones en aquellas entidades que se dedican a asesorar o a prestar los servicios en materia de prevención de riesgos con el fin de comprobar la eficacia y el resultado de estos servicios», comentó el consejero, que anunció que también se vigilarán las relaciones laborales y el cumplimiento de las modalidades contractuales con el fin de que se utilicen correctamente.
Igualmente, las iniciativas para prevenir la economía sumergida, incluye 1.000 actuaciones para controlar las condiciones de trabajo de los inmigrantes, así como el desarrollo de campañas estaciones agrícolas. También, en Seguridad Social y en políticas pasivas de empleo, se ejecutarán, según las previsiones, 2.247 medidas.
En materia de empleo se prevén diez puntos diferentes. Así, la campaña a favor de la calidad en el empleo contará con 1.000 actuaciones y estará dirigida a reducir la temporalidad. En economía social se inspeccionarán 50 sociedades laborales y 20 cooperativas, para ver si siguen cumpliendo sus requisitos. También se pondrá en marcha una campaña de comprobación de bajas laborales en construcción por extinción indebida de contratos en el periodo vacacional, cuyas actuaciones dependerán de las irregularidades detectadas.
Por otra parte, la Inspección de trabajo también controlará, al menos, 750 contratos de puesta a disposición formalizados entre empresas de trabajo temporal y los usuarios de sus servicios. Otro objetivo será el control sobre la cesión de trabajadores, con actuaciones sobre al menos cinco empresas de servicios por provincia. La autoridad laboral también controlará el cumplimiento de la normativa sobre trabajadores transfronterizos entre Portugal y Castilla y León.
Dentro del programa de empleo, se vigilará si 320 empresas cumplen sus compromisos contra la desigualdad. Asimismo, se intervendrá en al menos tres medios de comunicación por provincia para controlar las prácticas de alumnos con beca o derivados de programas formativos.
Finalmente, se realizarán al menos 485 actuaciones para prevenir el exceso de jornada, y el incumplimiento de los convenios colectivos aplicables a las empresas de hostelería, hospedaje, comercio general y supermercados y de limpieza. A estas se sumarán otras 300 para la revisión de ayudas económicas otorgadas como fomento del empleo desde el Ecyl.
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