El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el decreto que regula las características de la prevención de riesgos laborales en la Administración regional y sus organismos autónomos.
La norma, según el Gobierno autonómico, es “fruto del diálogo” que han mantenido la Consejería de Hacienda y los sindicatos desde abril y que implanta un modelo mixto; es decir, con servicios de prevención propios complementados por otros concertados. Al igual que otros textos legislativos que afectan a los empleados de la Administración, se ha completado con las aportaciones que éstos han efectuado en el portal de Gobierno Abierto del Ejecutivo en Internet.
El nuevo decreto afecta a todos los empleados públicos de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, y nace de la necesidad de modificar la normativa anterior, que databa del año 2000. Desde entonces, el incremento del número de centros de trabajo, la asunción de nuevas competencias, las peculiaridades de los servicios prestados y la complejidad del desarrollo de las actividades preventivas “han obligado a regional a plantearse la necesidad de contar con personal técnico especializado en orientar, impulsar y coordinar las actuaciones en esta materia”.
El nuevo decreto prevé que existan departamentos de prevención propios que se ocupen de las especialidades y disciplinas preventivas de Higiene Industrial, Ergonomía y Psicología Aplicada tanto en los servicios centrales de la Junta como en los periféricos. Con objeto de complementar su actividad y avanzar en la integración de la actividad preventiva en la organización, se contempla la existencia de trabajadores expertos en estos campos que actúen como refuerzo.
Por su parte, las especialidades de Seguridad en el Trabajo y Medicina del Trabajo se prestarán también con servicios propios en la Gerencia Regional de Salud, en concreto con los ya existentes en cada área sanitaria. En el resto de la Administración General las actividades preventivas en estos dos ámbitos se efectuarán mediante servicios de prevención ajenos. Para ello se ha abierto un proceso de licitación pública, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, sobre la base técnica de concurrencia y de acuerdo con la normativa vigente sobre contratos en el sector público.
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