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Para continuar con esta dinámica y conseguir el objetivo del índice cero en siniestralidad laboral que se ha marcado el Gobierno regional, destinará 3,2 millones de euros (419.000 euros más que en 2009) a la concesión de subvenciones a empresas, autónomos y entidades locales de la región que pongan en marcha medidas tendentes a la reducción de los riesgos laborales.
Estas subvenciones se tramitarán a través de cinco órdenes publicadas por la Consejería de Trabajo y Empleo y que ayer fueron explicadas por Luis Díaz-Cacho, que estuvo acompañado por el jefe del Servicio de Seguridad Laboral, Ángel Galán.

Cinco órdenes

La primera de estas órdenes está destinada a fomentar la prevención de riesgos laborales en las empresas de la región y que el año pasado permitió a 66 empresas mejorar sus condiciones de seguridad laborales. En esta línea de ayudas se invertirán 1.100.000 euros, un 88% más que en 2009, y como novedades incluye como la ampliación de las actividades susceptibles de subvencionar, la posibilidad de que se acojan empresas de más de doscientos cincuenta empleados y empresas sociales. Las ayudas cubren el 40 por ciento del coste de la inversión realizada por la empresa, hasta un máximo de 40.000 euros, y podrá llegar hasta el 50% en aquellas incluidas en el Plan Reduce.
También se mantienen las ayudas para mejorar la seguridad en el sector de la construcción, que contarán con un montante de 750.000 euros, un 36% más que en 2009. Cubrirá el 40% de la inversión hasta un máximo de 18.000 euros y podrán ser usadas para sustituir los andamios y adquirir redes y barandillas de seguridad. Esta línea de ayudas benefició en 2009 a ochenta y cuatro empresas.
El Gobierno regional, en otra orden, también quiere fomentar la contratación indefinida de técnicos de prevención de riesgos laborales, medida a la que destinará 249.000 euros, un 47% más que en 2009. La orden contempla una ayuda de 10.000 euros a fondo perdido por la contratación de un técnico superior en prevención o la conversión de su contrato a indefinido. Como novedad, esta ayuda estará al alcance de las empresas de economía social o que cuenten con un servicio de prevención propio.
También se ha desarrollado una orden para fomentar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores autónomos. A esta línea se destinarán 300.000 euros y van dirigidas a autónomos y comunidades de bienes que no tengan contratados trabajadores por cuenta ajena. La ayuda cubrirá el 40% de la inversión hasta un máximo de 15.000 euros.
Por último, la última línea de ayudas va dirigida a las entidades locales. En 2009 ya se acogieron 138 entidades de la región a esta orden que contará con 800.000 euros. El objetivo es mejorar las condiciones de salud y seguridad laboral de los trabajadores municipales y a programar acciones de formación y sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales.
El plazo para solicitar las ayudas finaliza el próximo 26 de abril.

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Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.

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