Es una paradoja, pero el nivel del 18% de parados en España está provocando que se reduzcan los niveles de siniestralidad laboral. “No es porque se hayan incrementado los medios y los recursos para la prevención de riesgos laborales, sino que esta disminución es consecuencia de la crisis”, explica el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, quien puntualiza que precisamente el paro se está cebando con los trabajadores con contratos temporales, los que “habitualmente están más expuestos a la siniestralidad”.
Aún así, los accidentes laborales siguen siendo una lacra social, ya que cada día fallecen dos personas en el trabajo, otras 18 sufren un accidente grave durante su jornada laboral y otras 1.888 tienen uno leve en el transcurso de su actividad en España, según los datos del Informe de Siniestralidad Laboral hasta julio de 2009 elaborado por UGT.
Según los datos de CCOO hasta agosto de 2009, en España se registraron 400.261 accidentes con baja laboral, mientras que en el mismo periodo de 2008 fueron 566.534, lo que supone un 29% menos. Este porcentaje es similar en los accidentes mortales, ya que en ese mismo periodo, en 2009 fallecieron 413 trabajadores, mientras que en 2008 fueron 563 empleados, un 26% menos.
En estos momentos, España, con 4,8 fallecidos por cada 100.000 trabajadores, también se está acercando a la media de 4,1 de los países de la Europa de los 15 –España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, Austria, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Luxemburgo–.
En opinión de Fernández Toxo, el peligro es que estos datos, en unos momentos en que la crisis golpea con fuerza, pueden “invitar a la relajación”, algo que, subraya, se ha de combatir.
Por ello, en la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2009, el secretario de Salud Laboral de CCOO, Pedro Linares, destaca la buena marcha de las negociaciones con el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), sobre todo para ayudar a las pymes a asumir su rol propio en la adopción de medidas preventivas.
El papel de las pymes españolas
Una de las diferencias entre España y el resto de Europa es su tejido empresarial, ya que con un 70% de pequeñas empresas, es más difícil, según Linares, que los empresarios asuman la prevención de riesgos como un valor añadido y no como un coste.
“Las grandes empresas disponen de recursos propios para poder afrontar las medidas de prevención de riesgos laborales”, señala Linares, al tiempo que explica que las pymes suelen optar por hacer la evaluación de riesgos laborales a través de empresas ajenas, por lo que se convierte en un coste.
Según Linares, “hay que saber lo qué pasa en la empresa y la evaluación de riesgos se hace con carácter muy general” al realizarla personal ajeno a la compañía. Las empresas la encargan para tener la documentación necesaria de cara a una inspección, pero “no aplican las medidas propuestas ni el seguimiento necesario”, con lo que pierde su valor añadido para la producción de la empresa.
Por ello, Linares avanza que se está llegando a un consenso entre el Instituto Nacional de Seguridad Social y los sindicatos para ayudar a las pymes, sobre todo a las que cuentan con menos de 50 trabajadores (la mayor parte en España), a reducir los problemas que tienen a la hora de aplicar las medidas aconsejadas tras la evaluación de riesgos. El objetivo de estas negociaciones es que la prevención de riesgos laborales se integre en las pymes.
Así, apostilla que hay que cambiar la cultura del país, porque en España las empresas siguen considerando estas inversiones como un coste, cuando, en realidad, explica, son “más costosas las bajas para el sistema de producción que aplicar las medidas preventivas”.
En este sentido, en esta semana europea, Linares teme que, con la excusa de la crisis, los empresarios prioricen otros aspectos de la producción por delante de la prevención. Por ello, insta a las empresas a “no perder el camino hecho en los últimos años”.
En este sentido, UGT cree que uno de los factores claves es el diálogo social, que debe ser un “punto de partida” para solucionar este drama, por lo que es “imprescindible” un gran compromiso de todos, Gobierno, sindicatos y patronal.
Para acabar con esta lacra social, UGT señala que hay que llevar tanto la prevención de riesgos como la cultura preventiva a todas y cada una de las empresas y de los trabajadores españoles.
Semana europea
Entre el 19 y el 23 de octubre se está celebrando la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2009, que este año cuenta con una campaña específica para promover “Trabajos Saludables” a través de una gestión empresarial que tenga en cuenta los diferentes pasos del proceso de evaluación de riesgos.
Esta campaña propone realizar un examen de todos los aspectos del trabajo para determinar qué puede causar daños o lesiones en los trabajadores y si los peligros pueden eliminarse, así como qué medidas de prevención o protección que se han adoptado o deberían adoptarse para controlar los riesgos.
Así, una de las demandas de UGT es elaborar una normativa, la Ley integral de siniestralidad, que complete la “buena” Ley de Prevención de Riesgos Laborales. De este modo el sindicato apuesta por la concentración en el ámbito judicial, en concreto en el orden social, todos los aspectos del accidente de trabajo, excepto las responsabilidades penales, que deben permanecer en el orden jurisdiccional penal.
Para este sindicato también se debe contar con un mayor número de inspectores de trabajo y técnicos habilitados, que estén dedicados al desarrollo de políticas y programas de actuación dirigidos a las empresas, desde los diferentes ámbitos territoriales y sectoriales y con la participación de los agentes sociales.
Por su parte, el secretario de Salud Laboral de CCOO defendió la necesidad de una Ley de Movilidad que aborde integralmente la seguridad de los trabajadores en su desplazamiento al centro de trabajo.
Linares concreta que un alto porcentaje, en concreto el 40%, de los accidentes laborales son in itinere, es decir en el trayecto entre el domicilio y el trabajo o en misión de trabajo. “No todos estos accidentes se declaran como laborales, sino como meros accidentes de tráficos”, explica Linares.
Por otra parte, CCOO exige la implicación del Ministerio de Sanidad con la Ley de Salud Pública, ya que incide directamente en los problemas de vigilancia epidemiológica. “Hay un importante volumen de enfermedades y mortalidad que va a asociada a la empresa”, señala Linares, al tiempo que insta al Ministerio y a las autonomías a asumir el papel de identificar las enfermedades laborales que se producen, para que se registren y se pueda saber qué es lo que pasa en el ámbito laboral.
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