Hasta el mes de agosto, 16 empresas del territorio han recurrido a regulaciones de empleo, lo que supone un incremento del 100% con respecto a los ocho ERE que el Gobierno Vasco registró en el mismo periodo de 2007.
Dependiente del Ministerio de Trabajo, la Inspección de Trabajo se encarga, entre otras tareas, de supervisar fábricas y centros de trabajo para comprobar las condiciones de seguridad de los operarios, con la posibilidad de sancionar.
Sin embargo, tal y como explicaron portavoces de la Inspección de Trabajo en Álava, los informes que deben elaborar en relación con la presentación de un ERE por parte de una empresa “tienen prioridad porque están sometidos a plazos”, lo que conlleva que se demoren o se ralenticen otro tipo de servicios.
La Inspección de Trabajo del territorio verá duplicada la plantilla a partir del mes de enero. El Gobierno del PSOE ha sacado a oposición más plazas de inspector, una convocatoria que tiene en cuenta el número de afiliados de cada territorio, los centros de trabajo y la siniestralidad laboral.
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