El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, anunció ayer en las Cortes la puesta en marcha de un amplio programa de inspección a cientos de empresas en la comunidad con la intención de reducir la tasa de siniestralidad laboral.
Iglesias hizo público este plan de choque tras una semana especialmente trágica en la comunidad, en la que se han registrado cuatro muertes en diversos accidentes laborales. El número de fallecidos asciende a seis en lo que va de año. La última víctima se produjo el pasado jueves en el municipio oscense de Fraga, cuando un trabajador de 32 años quedó aprisionado entre unas planchas de mármol de 200 kilogramos de peso.
En respuesta a una pregunta de IU en el pleno de las Cortes, el presidente explicó que dentro de este plan se van a inspeccionar todas las empresas con mayor índice de siniestralidad –200 en Zaragoza, 60 en Huesca y 30 en Teruel–, aunque el programa llegará especialmente al sector de la construcción –950 empresas en Zaragoza, 200 en Huesca y 100 en Teruel–. También se examinarán otras 800 empresas de Zaragoza, 100 en Huesca y 80 en Teruel.
El plan del Gobierno regional para la prevención incluye diez programas específicos de actuación: el Aragón 2004 para las empresas con alta tasa de siniestralidad; el de sobreesfuerzos; el especial para la construcción; el de Objetivo Cero Accidentes de Trabajo para empresas con tasas moderadas de siniestralidad; el de las buenas prácticas compartidas y el de vigilancia para la salud.
Una de las actuaciones con las que el Ejecutivo pretende disminuir el número de accidentes laborales será la realización de una encuesta a todos los trabajadores que hayan sido víctimas de algún suceso de estas características, “no sólo a los heridos graves sino también en los accidentes de carácter leve”, precisó. Esta encuesta será de carácter “anónimo” y en ella los propios afectados podrán explicar con libertad “las deficiencias que consideran que hay en sus empresas o puestos de trabajo”. Por otra parte, el presidente aragonés anunció que se está trabajando con los sindicatos en dos nuevos programas de actuación: uno para la formación de trabajadores extranjeros y otro para la difusión de un protocolo de riesgos psicosociales.
El presidente aragonés apuntó que en el 2003 hubo nueve muertos menos por accidente laboral en la comunidad autónoma, pasando de los 41 de 2002 a los 32 de 2003 y explicó que los accidentes con baja laboral descendieron un 3,21%. “Nuestra situación es mejor que la media nacional pese a que nos encontramos en un momento de crecimiento económico, ya que Aragón es la comunidad autónoma que más ha crecido en el 2003”, afirmó.
Estos datos, añadió, “no quieren decir que podamos estar satisfechos” sino que “debemos estar preocupados porque cualquier accidente laboral es grave”.
Por su parte, el portavoz de IU, Adolfo Barrena, recordó que en lo que va de año ya han fallecido seis trabajadores, uno de ellos el miércoles en Fraga, y “si bien es cierto que en 2003 ha habido nueve muertos menos por accidente laboral que el año anterior, Aragón ha bajado menos que otras comunidades autónomas”. Además, recalcó que en este tema “no debemos fijarnos en las estadísticas”.
Barrena añadió que compartía las propuestas realizadas por el presidente y se interesó por conocer si desde la Administración autonómica se hacen inspecciones de trabajo en las empresas donde ha habido accidentes mortales, y cuáles son las sanciones que se efectúan en las empresas que no cumplen la ley. Iglesias respondió que todos los accidentes mortales se investigan judicialmente.
Además, el diputado de IU no consideró adecuado el programa “bonus-malus” propuesto por el Gobierno aragonés para premiar en las cotizaciones de la Seguridad Social a las empresas con menos accidentes. “lo único que hacen”, dijo, “es cumplir la ley”.
El presidente apostó abiertamente por premiar fiscalmente a aquellas empresas que asignen medios técnicos y económicos a la prevención de accidentes laborales, aunque aclaró que este tipo de medidas no pueden aplicarse desde una comunidad autónoma sino que debe ser el Gobierno central, de quien depende la Seguridad Social.
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