Cuando apenas restan unas semanas para la firma del VI Acuerdo de Concertación Social, el balance del pacto anterior entre la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios (CEA) y los sindicatos UGT y CCOO arroja luces y sombras tras cuatro años en vigor. Por un lado, las partes implicadas coinciden en el “alto” grado de cumplimiento de las 214 medidas adoptadas en el año 2000 y destacan, por encima de todo, el clima de negociación alcanzado. Reconocen que el V Acuerdo ha servido para profundizar en las relaciones laborales “en sentido positivo”, ha permitido que el nivel de conflictividad social “sea de tono menor” y que los problemas se hayan abordado “sin grandes dificultades”.
Sin embargo, la concertación social, que es la gran apuesta del Gobierno andaluz y los principales agentes sociales para contribuir a la creación de empleo y desarrollo económico mediante la negociación, no ha avanzado lo suficiente en dos de sus puntos clave: la reducción de la precariedad laboral y de la siniestralidad.
Así lo consideran al menos las organizaciones sindicales participantes, pues sostienen que la estabilidad en el empleo y la previsión de riesgos laborales no ha logrado alcanzar las cotas esperadas. Piensan que las medidas se han cumplido en un elevado porcentaje, pero aclaran que los resultados no han sido suficientes. A juicio del ex secretario general de CCOO, Julio Ruiz, los motivos han sido “la resistencia de la patronal y la incapacidad de la Junta para hacer cumplir la totalidad del acuerdo”. De hecho, cuatro años después de su rúbrica aún están pendientes la creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y la fundación tripartita de prevención, encargada de las inversiones en formación y en cultura preventiva. Éstas fueron dos de las promesas clave de la Junta para combatir los accidentes laborales.
Para Ruiz, la siniestralidad ha sido “uno de los grandes déficits” del V Acuerdo. El ex dirigente de CCOO considera que “hay que hacer un llamamiento a los empresarios para que abandonen las cautelas en cultura de prevención, que es también el camino hacia la competitividad”. En esta misma línea, el secretario general de UGT, Manuel Pastrana, añade que, en términos generales y en algunos sectores, “la formación y capacitación de los trabajadores es muy precaria, las condiciones de trabajo son tremendas y la falta de cultura preventiva es la tónica general”. Sin embargo, ofrece una visión algo más positiva al afirmar que, en esta materia, “se está avanzando pese a las estadísticas”.
Los últimos datos publicados por la Consejería de Empleo revelan que, de enero a octubre de este año, la accidentabilidad con baja en jornada de trabajo ha aumentado un 9,71 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior. En concreto, durante los diez primeros meses de este año, Andalucía registró 124.052 accidentes laborales –131 de ellos mortales y 2.067 graves– mientras que de enero de octubre de 2003 se contabilizaron 113.077 siniestros.
La precariedad laboral, el otro punto negro de la concertación a juicio de los sindicatos, “ha descendido de manera poco significativa” a pesar de que las medidas adoptadas para su desarrollo “se han aplicado en un porcentaje altísimo”, según Pastrana. El secretario general de UGT afirma que, frente a las acciones planteadas para fomentar la estabilidad laboral, “están interfiriendo una serie de factores a causa de la globalización económica que son difícilmente atajables desde zonas concretas, en este caso desde Andalucía”.
El ex secretario general de CCOO es más tajante y señala que uno de los motivos que favorecen la precariedad laboral es que ésta va unida a la alta estacionalidad de la comunidad autónoma, de lo que culpa abiertamente a los empresarios, quienes “están anclados en creer que la precariedad es positiva para ellos”. A su juicio, el problema radica en que los responsables de las empresas no asumen que “la competitividad pasa por el empleo estable”. Ruiz sostiene que en Andalucía “se genera mucho empleo” pero se queja de que en la comunidad “hay una temporalidad no justificada que deben corregir los empresarios”.
La patronal comparte la necesidad de avanzar en precariedad y siniestralidad laboral pero, según señala Antonio Moya, adjunto a la Secretaría General de la CEA, “ese avance tiene que venir de la mano del esfuerzo de todos, porque no sólo los empresarios tienen que cumplir la norma o poner los medios”.
Moya se muestra a favor de aprovechar el marco de la concertación para instar a los sindicatos a “que abandonen posturas dogmáticas” y se impliquen de lleno en la lucha por una mejor formación, el cumplimiento de la normativa, la apuesta real por la cultura preventiva y el aumento de la inspección. “Como no se va a mejorar es aumentando el protagonismo sindical en algunas empresas”, subraya.
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