L.D.P. murió en el tajo el 5 de noviembre de 1991. Se precipitó al vacío por un patio de luces desde 12 metros de altura en una obra en construcción de San Vicente del Raspeig que carecía de las más elementales medidas de seguridad. Su viuda no ha podido ver cómo se hacía Justicia porque el delito ha prescrito.
Evitar que situaciones tan lamentables como ésta se repitan es uno de los objetivos que persigue el nombramiento de una red de colaboradores con el fiscal de Siniestralidad Laboral de entre la plantilla del Ministerio Público alicantino.
Esos fiscales bucearán en los legajos de partidos judiciales muy atascados como Villena o La Vila en busca de antiguos procedimientos por accidentes laborales para tratar de impulsarlos. Colaborarán directamente con el responsable de la sección de Siniestralidad, Javier Romero, según confirmó él mismo a este diario. Esa medida contribuirá a atajar una de las lacras que lastran la persecución de este fenómeno delictivo: los tremendos retrasos que sufre la tramitación judicial.
Entre enero y octubre de 2010 -último dato actualizado del Ministerio de Trabajo- Alicante registró 12.473 accidentes, 121 de los cuales fueron graves y 10 acabaron en defunción.
El Código Penal prevé entre seis meses y tres años de prisión para los empresarios y encargados de prevención de riesgos laborales que no adopten las medidas de seguridad e higiene legales. El delito contra los derechos de los trabajadores va acompañado de lesiones (de tres a seis meses) u homicidio por imprudencia (entre uno y cuatro años) si la víctima resulta herida de consideración o fallece.
Sin embargo, se ha constatado en los últimos años que muchos culpables se benefician de las demoras con sustanciosas rebajas de condenas en aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Cuando no obtienen el archivo de la causa por prescripción o la conversión en falta de hechos tipificados inicialmente como delito.
Esa circunstancia tampoco ha pasado por alto a la Fiscalía alicantina. El fiscal de Siniestralidad no tiene encomendada este cometido en exclusiva, ya que se encarga también de un juzgado de Instrucción. Ahora dispondrá de un grupo de colaboradores, lo que le permitirá conocer con profundidad el estado de los casos más graves e impulsar los más antiguos.
Los retrasos afectan fundamentalmente a los órganos ubicados en pequeñas o medianas poblaciones, donde los jueces suelen estar de paso y se suceden sin solución de continuidad. Esa inestabilidad les lleva a centrar su atención en las diligencias más urgentes y dejar durmiendo el sueño de los justos otras que requieren mayor atención por su complejidad. La falta de inspectores de Trabajo, cuyos informes son vitales para llevar adelante la acusación contra empresarios, aparejadores o arquitectos en el caso de la construcción, tampoco ayuda a que las investigaciones se desarrollen con rapidez.
Muchas veces el panorama resulta desolador. Los Juzgados de lo Penal de Alicante están celebrando ahora vistas por la muerte de albañiles u obreros industriales que ocurrieron a finales de los noventa o principios de la pasada década.
El triste récord de esa estadística, probablemente en toda la Comunitat Valenciana y quién sabe si en el resto del Estado, lo tiene el accidente mortal de San Vicente de 1991, que una magistrada declaró prescrito en junio de 2009, dieciocho años después.
Abundan los ejemplos procedentes de juzgados colapsados. En 2007 un juzgado de Orihuela celebró el juicio por la muerte de un albañil acaecida en Torrevieja en el año 2000 en una obra que carecía incluso de seguro de responsabilidad civil. En noviembre de 2009 se celebró una vista por otro fallecimiento en la construcción, en este caso registrado en Ibi en 1998. Ambos procesos se saldaron con condenas muy leves. Hoy día ocho acusados siguen a la espera de una sentencia por otra muerte ocurrida en una obra de Villajoyosa en el año 2001.
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