Los dos médicos de la empresa Fibrocementos de Levante, del Grupo Uralita, mantuvieron en sus puestos de trabajo a varios operarios tras la entrada en vigor del Reglamento de Trabajos con Riesgo de Amianto, en 1984, a pesar de saber que existía el peligro real de que contrajeran la enfermedad asbestosis, que sólo se genera por la aspiración de fibras en suspensión del mineral usado en la fabricación de techos y tubos de uralita. Así lo pone de manifiesto el informe de cien páginas que ha remitido el Instituto de Medicina Legal de Alicante al juez instructor del denominado caso amianto, Juan Antonio Hurtado, titular del Juzgado Número Uno de Instrucción y Primera Instancia de San Vicente.
Este extremo era precisamente el principal objetivo del exhaustivo estudio que solicitó en enero el juez a los forenses del Palacio de Justicia de Alicante un año y medio después de que lo solicitaran tanto la Fiscalía de la Audiencia como la acusación particular.
El director de la Clínica Forense, Rafael Bañón, se limitó ayer a explicar que el pasado viernes remitió el informe al juez y que éste podría solicitar nuevas informaciones periciales al Instituto de Medicina Legal, ya que el estudio se ha realizado de forma individual sobre catorce ex empleados de Fibrocementos y «la actuación de los médicos de la empresa es muy complicada y ramificada». Tanto que parte de la información pericial trasladada al juez instructor está complementada con el dossier del caso que se hallaba en poder del Juzgado de lo Social número dos de Alicante, que falló en primera instancia contra de los trabajadores en el año 98 y que, tras un recurso de estos en el TSJ de la Comunidad, fue ratificado posteriormente por el TS con la condena de Fibrocementos al aumento de las pensiones tras «observar anomalías en los reconocimientos médicos».
El estudio forense se ha basado en la información del Juzgado de lo Social alicantino, más la documentación aportada por los afectados en persona de los neumólogos que han realizado los chequeos postocupacionales y la base de información del Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Otras fuentes de la Clínica Forense aseguran que deberá ser el juez el que dictamine si la empresa o los médicos contratados por ella han cometido un delito penal. «Es indudable que los trabajadores han estado expuestos al asbesto a partir del año 1984 y los médicos de la empresa lo conocían», aseguran fuentes forenses.
Los forenses observan un supuesto delito de imprudencia profesional en los médicos y aseguran que en algunos casos no hubo más revisiones de la meramente preceptiva desde la entrada en vigor del Reglamento de Riesgos de Amianto, en1984, hasta 1990.
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