Ni hubo epidemias que azotaran a la población, ni los murcianos se han vuelto de forma repentina más débiles. ¿Por qué entonces el pasado año se perdieron cinco millones de jornadas laborales por bajas por enfermedad, con un aumento del 10% respecto al ejercicio anterior? y ¿por qué la duración media de estas bajas creció sólo en el 2000 cuatro días hasta alcanzar los 60?. Los empresarios no se lo explican, pero sí saben que este hecho singular, que rompe una racha favorable de seis años, les supone cientos de millones de pesetas más en costes laborales, lo que ha provocado que suene la voz de alarma. Para el secretario regional de UGT, Víctor Meseguer, sí hay una posible explicación a este hecho y también unos responsables, los mismos empresarios.
Los casi cinco millones de jornadas o 29,8 millones de horas perdidas a causa de las bajas temporales por enfermedad le costaron a la economía regional unos 40.230 millones de pesetas, según la relación del Producto Interior Bruto por hora trabajada, que fue de 1.350 pesetas.
La incapacidad temporal en la Región se encuentra muy por encima de los registros medios nacionales. Por ejemplo, el número de jornadas perdidas en Murcia representa el 9% del total nacional, cuando el peso específico en el conjunto de España de la población y la economía regional ronda el 2%.
Además, cuando un murciano se coge la baja laboral suele tardar de media 60 días hasta que vuelve al trabajo, mientras que al resto de los españoles la baja le dura unos 40 días.
El notable incremento de los procesos de incapacidad temporal registrado el pasado año ha vuelto a despertar la preocupación de los empresarios, que deben pagar los primeros quince días de duración de estas bajas y que también están obligados, de acuerdo con el 90% de los convenios colectivos, a completar el salario de los trabajadores hasta el 100% de sus honorarios durante el resto de la baja. La Seguridad Social legalmente sólo se hace cargo de un porcentaje de las retribuciones del trabajador a partir del décimo sexto día de baja.
El secretario general de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (Croem), Clemente García, no quiere señalar culpables, pero tampoco perder la ocasión de hacer ver la gravedad del problema.
«Venimos llamando la atención sobre este asunto año tras año –comenta– , pero es que el pasado se agravó la situación, ya que pensábamos que la batalla se estaba ganando, puesto que desde 1993, en que la duración media de la baja era de 82 días, siempre ha ido bajando, y ahora vemos que se produce un nuevo repunte».
El secretario regional de UGT, Víctor Meseguer, no tiene inconveniente en señalar responsables y apunta directamente a los empresarios. Según Meseguer, el aumento de las bajas por incapacidad temporal está relacionado «con el aumento del fraude empresarial y del abuso de poder que el empresario ejerce sobre el trabajador, con el que encadena contratos temporales, prestaciones por desempleo e incapacidad temporal y de esa forma le asegura unas retribuciones durante todo el año a cambio de ternerlo a su disposición siempre que quiera».
El dirigente sindical admite que en este tipo de práctica fraudulenta es precisa la connivencia del trabajador, pero asegura que éste «lo asume por necesidad, porque no tiene otra cosa», mientras que el trabajador lo hace para incrementar de forma irregular sus beneficios.
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