MUTUAS: ENEMIGAS DE LOS TRABAJADORES., accidente IN-ITINERE

El Tribunal de Cuentas ha hecho público un informe del 26 de marzo de 2009, sobre la gestión de las Mutuas, en el que fiscaliza los periodos 2005 y 2006. Este informe se centra en el estudio y comprobación de las prescripciones legales por parte de las Mutuas, además del cumplimiento de la eficacia y eficiencia económica, y legalidad de los contratos y su adjudicación. Hay que tener en cuenta que las Mutuas manejan dinero público, fruto de las cotizaciones a la Seguridad Social, que la Tesorería recauda y distribuye entre las Mutuas acorde a las empresas que tengan asociadas.

El Tribunal ha detectado un elevado número de incidencias e irregularidades en la gestión por parte de las Mutuas durante el periodo fiscalizado. Destacan sobre todo:

· El no ajuste de la gestión de las mutuas a los principios de objetividad y transparencia. En la última legislatura 2004 – 2008 se han hecho esfuerzos ímprobos por parte de la Administración para que, tanto el sistema contable de las Mutuas como el sistema de contrataciones, se ajusten a los mismos procedimientos y requisitos que se establecen para el Sector Público, dado que lo que gestionan es dinero de cotizaciones a la Seguridad Social. Para ello, las Mutuas debían ajustar sus contabilidades y contrataciones a la Ley 47/2003 y a la reciente 30/2007, respectivamente. Por el contrario, las Mutuas han seguido vulnerando las limitaciones contractuales y han elegido las empresas que más convenían a sus intereses mercantiles y no a los principios de igualdad, objetividad, transparencia, eficacia y eficiencia que requieren los servicios públicos.

· Las incompatibilidades manifiestas de los directivos de las Mutuas para el ejercicio de su responsabilidad con actividades mercantiles con ánimo de lucro. La gravedad radica en que estas conductas no han sido ni expedientadas por el poder disciplinario del que deberían haber hecho gala las Juntas Directivas; ni lo que es más grave, si cabe, sin exigencias de responsabilidad por la malversación de ese dinero público cuya encomienda tenían.

· Los intentos de privatización de la asistencia sanitaria, en lo que respecta a los reconocimientos médicos para trabajadores de baja por incapacidad temporal por contingencia común. Competencia a la que las Mutuas han tenido acceso desde 1996 y que ha ocasionado graves perjuicios para los trabajadores afectados, que se han sentido perseguidos más que apoyados en su situación de baja
con necesidad de atención sanitaria para su más pronta recuperación. La Mutuas han contratado en el mercado estos servicios de reconocimientos médicos que ha propiciado una baja calidad sanitaria y, lo que agrava aún más esta situación, es que la contratación de los servicios se ha realizado en empresas afines a la red mercantil privada en la que prestan servicios los mismos directivos y ciertos empleados de las Mutuas. Situación que se agrava si se tiene en cuenta que algunos de los servicios sanitarios contratados carecían de las autorizaciones administrativas para el ejercicio.

· Supuestos de cesión ilegal de trabajadores como instrumento de captación de empresas por parte de las Mutuas. Trabajadores de las Mutuas, sanitarios y prevencionistas, que han sido cedidos a empresas asociadas como “agradecimiento” por haber suscrito el documento de asociación una Mutua determinada.

Estos y otros aspectos son los que llevaron en agosto de 2007 a la intervención de la fiscalía sobre la tercera Mutua más grande del país, en cuyo proceso judicial subsiguiente, CCOO está personada.

Todo ello afecta al conjunto de los trabajadores, que son los que reciben los servicios de las Mutuas y particularmente al colectivo de personas empleadas en estas Mutuas que caen en el desprestigio del que son responsables sus gerentes, y se sienten acusados de complicidad por la sociedad que lee y sigue las noticias que afectan a las organizaciones donde trabajan.

CCOO cree que es el momento de emprender una importante reforma en el sector de las Mutuas que permita una intervención pública en profundidad y previa a la toma de decisiones por las Mutuas. Además, que permita la participación real y efectiva de los trabajadores en la dirección operativa de las Mutuas, para que realmente destinen sus recursos a la asistencia sanitaria de calidad, a las prestaciones económicas post-daño y a la prevención de las causas que provocan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

A destacar el último párrafo:

“Además, que permita la participación real y efectiva de los trabajadores en la dirección operativa de las Mutuas”

Y, como no, a través de los sindicatos (no van a dejar escapar este negocio).

La Seguridad Social ha puesto freno a algunos salarios exorbitantes de los gerentes y altos cargos de las mutuas de accidentes laborales y enfermedades profesionales que perciben de las cuotas de los trabajadores. Los más afectados por el recorte son los directivos de Mutua Universal, Asepeyo, Fraternidad-Muprespa y Umivale, cuyos máximos ejecutivos dejarán de ingresar en sus nóminas este año decenas de miles de euros.

La medida impulsada por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social ha causado profundo malestar entre los altos cargos. El secretario de Estado, Octavio Granado, fue quien recomendó al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que pusiera tope a los salarios de los gerentes y directivos de estas entidades. De esta manera, la disposición adicional séptima de los presupuestos de este año limita los sueldos a cantidades altas aunque más ajustadas.

MAS DE 600.000 EUROS AL AÑO Las investigaciones del Ministerio de Trabajo apuntan que, en el caso de Joan Aicart, gerente de Mutua Universal, sus retribuciones podían superar los 600.000 euros al año pese a que en la liquidación presupuestaria del 2006 asegurase que cobraba solo 203.743,79 euros. En el ministerio explican que Aicart recibía hasta 3.000 euros por cada reunión de la junta directiva o del consejo a las que asistía, además de otro tipo de dietas, en algún caso a cargo del patrimonio histórico de la entidad, pese a que por ley no puede usarse más que para fines autorizados.

El nuevo gerente de Mutua Universal, Eduard Garriga, no podrá percibir este año más de 201.000 euros anuales, la tercera parte que su antecesor. Y, además, según la nueva disposición adicional, no podrá incrementar estos ingresos mediante modificaciones presupuestarias a mitad de ejercicio como se hacía hasta ahora.

Jorge Serra, gerente de Asepeyo, deberá conformarse en el 2008 con 245.000 euros. Según la liquidación de los presupuestos del 2006 –la del 2007 aún no está hecha–, Serra percibió 267.999,84 euros, y falta por conocer cuánto cobró el año pasado. Por su parte, Fernando Eguidazu, gerente de Fraternidad-Muprespa, percibirá 240.000 euros, lejos de los 323.554 euros de salario del 2006.

Trabajo explica que, en muchos casos, las cantidades reflejadas en la liquidación de los presupuestos son inferiores a las retribuciones reales de los gerentes ya que obtienen “otros ingresos extrapresupuestarios” y cargan gastos como hoteles, colegios o automóviles. Precisamente, la Seguridad Social ha enviado una circular a las mutuas para que limiten la compra de vehículos de alto standing por leasing , otra vuelta más de tuerca en lo que se refiere al control del gasto por parte del Seguro.

INFLACION DE CARGOS Además de los gerentes, hay mutuas que tienen toda una pléyade de directivos que en algunos casos, como Midat-Cyclops, casi llega a la treintena. Sus sueldos corren a cargo del Seguro. Universal llegó a pagar 191.142 euros a cada uno de los siete que tenía en el 2006 y Umivale retribuyó a sus dos ejecutivos con 251.192 euros por cabeza de media. Sueldos de altos cargos que sobrepasan los 150.000 euros son habituales en Fraternidad-Muprespa, Asepeyo o Balear y de más de 100.000 euros en Ibermutuamur, Fremap o Intercomarcal

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