Intentaban ganarse la vida, pero a la vez la estaban echando a perder o incluso se aseguraban una muerte temprana. Decenas de trabajadores afectados por el amianto se reunieron ayer en Bilbao, junto a familiares de fallecidos, para reclamar a las instituciones una respuesta efectiva al drama creado por este material cancerígeno. Entre otras demandas, exigieron al Gobierno vasco que cree un registro de personas enfermas por esta causa y que deje de tapar el problema: Osakidetza, mediante un pacto de silencio, quiere ocultar las cifras, acusó el responsable de salud laboral de Comisiones Obreras, Jesús Uzkudun.
A partir de la Segunda Guerra Mundial, la industria aprovechó el amianto para fabricar piezas que debían soportar altas temperaturas o fuerte fricción. El Parlamento Europeo lo declaró cancerígeno en 1978, pero España todavía tardó 23 años en prohibir definitivamente su uso y comercialización. La exposición prolongada a las fibras de este mineral deja una huella imborrable en el sistema respiratorio, con secuelas como cáncer de pulmón, mesotelioma -cáncer de pleura-, asbestosis o placas pleurales. Según el Congreso, cada año mueren en España 1.100 trabajadores por haber respirado este veneno, y el País Vasco es una de las comunidades con tasas más elevadas de afectados, en una indeseada herencia del esplendor industrial.
Queremos que este encuentro se convierta en un grito a la sociedad, resumió Uzkudun. CC OO estima que, en los próximos veinte años, entre 8.000 y 10.000 vascos fallecerán de forma prematura por esta causa, aunque admite la dificultad de conocer las cifras actuales de afectados. Osakidetza no quiere hacer un registro, aunque así lo establezca el programa de vigilancia sanitaria del Ministerio de Sanidad, lamentó el portavoz, que pidió una implicación mayor del Gobierno vasco: Que busquen afectados en las plantas de Neumología y tiren del ovillo. Si Osalan, las mutuas y Osakidetza no cumplen, estamos dispuestos a buscar nosotros y denunciar todas las chapuzas.
Los participantes en el encuentro afrontan grandes dificultades para que les reconozcan sus patologías como enfermedades profesionales y, sobre todo, a la hora de obtener una indemnización, ya que la mayoría prestó sus servicios en empresas que jamás admitieron el uso de amianto. Algunos han perdido los juicios porque les han pedido que demuestren que en la fábrica había amianto. ¿Cómo van a hacerlo?, preguntó Uzkudun. Este obstáculo se vuelve insalvable en el caso de los operarios que trabajaron en más de una empresa, para quienes se reclamó un fondo de compensación.
Los jueces vascos ya han dictado algunas sentencias favorables en empresas como Sidenor y CAF, pero el representante sindical destacó que las demandas presentadas en Estados Unidos se han multiplicado por treinta en las últimas dos décadas. ¿Nos van a obligar a bloquear los juzgados? Francia, EE UU y Japón ya están preparando leyes para compensar a las víctimas con fondos públicos o de las empresas que usaron amianto, planteó. A Nieves Rodríguez, viuda de un trabajador de la Babcock Wilcox, le bastó una frase para sintetizar su experiencia: He tenido que luchar mucho para conseguir bien poco.
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