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Los ministros de Industria de los Veinticinco aprobaron ayer el nuevo registro de sustancias químicas REACH, que obligará a las empresas a evaluar los riesgos de 30.000 productos cuyos efectos sobre la salud y el Medio Ambiente se desconocen. La carga de la prueba recaerá en adelante no en las autoridades públicas sino en la industria, que tendrá que demostrar que las sustancias que fabrica no son peligrosas para poder comercializarlas.

Tanto la Comisión como la mayoría de los Estados miembros subrayaron que se trata de un “compromiso equilibrado” entre la protección de la salud y del Medio Ambiente y la necesidad de mantener la competitividad de la industria europea. El acuerdo de los Veinticinco descafeina considerablemente las propuestas iniciales del Ejecutivo comunitario con el objetivo de disminuir los costes sobre las empresas, algo que ha sido duramente criticado por las organizaciones ecologistas.

Un total de siete organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace y WWF, expresaron su “decepción” por el acuerdo y denunciaron que “los ministros europeos no han aprovechado la ocasión única que tenían para proteger a los ciudadanos y al Medio Ambiente europeo de la amenaza representada por las sustancias químicas peligrosas”. Por ello, reclamaron a la Eurocámara que endurezca REACH durante la tramitación en segunda lectura.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Industria y Empresa, Gunter Verheugen, señaló que la nueva legislación afectará directamente a 27.000 empresas europeas e indirectamente a muchas más. De ellas, el 96% son pequeñas y medianas empresas, y por ello Verheugen se felicitó por los cambios introducidos para reducir costes durante la tramitación de REACH.

Por su parte, el responsable de Medio Ambiente, Stavros Dimas, dijo que la aprobación del registro es un “gran éxito” para la salud de los ciudadanos y para el medio ambiente. La nueva legislación, afirmó, permitirá reducir la incidencia de la infertilidad, el cáncer, las enfermedades de la piel o los desordenes neurológicos. Asimismo, proporcionará incentivos a la industria para innovar en busca de sustancias sustitutivas que puedan reemplazar a otras menos peligrosas.

Finalmente, el acuerdo excluye de la obligación de registro al cemento, pero no a las fritas cerámicas, como pedía España para evitar costes a la industria azulejera. Pese a ello, el ministro de Industria, José Montilla, dijo que todos los Estados miembros han tenido que ceder en alguna de sus peticiones y señaló que el compromiso es “aceptable” para España.

Uno de los puntos más polémicos del nuevo reglamento es el régimen de autorización de las sustancias más peligrosas, como las cancerígenas o las bioacumulables. Finalmente, los Veinticinco han aceptado que estas sustancias se autorizarán sólo cuando el fabricante pueda garantizar que están adecuadamente controladas, o cuando los beneficios socioeconómicos de su utilización sobrepasen a los riesgos.

No obstante, se obligará a las empresas que los fabriquen a presentar un análisis de las posibles alternativas para sustituirlas, cosa que podría incrementar considerablemente los costes, tal y como denunciaron la Comisión, España, Irlanda, Italia o Polonia, entre otros. En todo caso, no se impone el principio de sustitución obligatoria, como ha pedido la Eurocámara, y este será uno de los principales puntos de desacuerdo que tendrán que resolver las dos instituciones en segunda lectura.

En términos generales, los Veinticinco han tratado de responder a las exigencias de la industria, que se había opuesto con virulencia a REACH. Así, se reducen las exigencias de información para las sustancias producidas en pequeñas cantidades (entre una y 10 toneladas), salvo en aquellas que se sabe ya que son peligrosas. Para las producidas entre 10 y 100 toneladas se suprimen los dos tests más costosos y se establece la posibilidad de reducir más las exigencias de información en los casos en que el producto no vaya a tener un contacto directo con las personas o el medio ambiente.

Asimismo se ha adoptado el principio de una sustancia, un registro, que obligará a compartir datos a las empresas que quieren registrar un mismo producto. No obstante, se contemplan excepciones para proteger la confidencialidad de determinadas informaciones. Estas excepciones no afectan a los experimentos con animales, que se verán así considerablemente reducidos, según dijo el comisario Verheugen.

El reglamento crea una nueva Agencia Europea de Químicos, que se establecerá en Helsinki, y que será responsable de gestionar el registro de sustancias gracias a la puesta en marcha de una base de datos. También jugará un papel destacado a la hora de evaluar y autorizar las sustancias.

Por lo que se refiere a las sustancias presentes en objetos, REACH impone que sólo tengan que registrarse aquellas que van a ser liberadas, como por ejemplo la tinta del bolígrafo. Ello afecta sobre todo a los importadores de productos fabricados fuera de la UE. La mayoría de las delegaciones lo acepta, aunque muchos países subrayan que esto supone un trato discriminatorio, ya que mientras los fabricantes europeos deberán registrar todas las sustancias que forman un producto, los extranjeros soportarán cargas inferiores, lo que podría incidir en la competitividad de la industria comunitaria.

Verheugen señaló que, a pesar de las preocupaciones expresadas por Estados Unidos, el reglamento “respeta los requisitos de la Organización Mundial del Comercio”, según han confirmado los servicios jurídicos de la Comisión. “No pensamos que nuestros socios nos planteen problemas”, dijo.

El Ejecutivo comunitario espera que el Parlamento y el Consejo lleguen a un acuerdo final sobre REACH en otoño de 2006. De este modo, el reglamento entraría en vigor durante la primavera de 2007. No obstante, la Agencia tardará un año en estar operativa, con lo cual REACH sólo empezará a aplicarse a partir de 2008.

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