Las agresiones a personal sanitario en Andalucía aumentan, según la tendencia que reflejan las cifras oficiales de los últimos cinco años, y lo hacen especialmente las físicas, que crecieron un 38,35% en 2017, por lo que sindicatos y colegios profesionales piden más y mejores medidas a la Junta de Andalucía para prevenir y afrontar esta situación.
Mientras que en 2016 se registraron 206 ataques físicos, al cierre del año pasado esta cifra subió a 285, lo que sitúa a Andalucía a la cabeza de las comunidades autónomas. “En los últimos años somos la comunidad que más agresiones a profesional sanitario ha registrado, tanto físicas como verbales”, aseguró Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), quien aclara que la mayoría las sufren los médicos y personal de enfermería.
De hecho, el Observatorio de Agresiones de 2017 de la Organización Médica Colegial de España refleja que el año pasado se registraron 122 casos de violencia física o verbal contra médicos, lo que supone un incremento del 19,6% respecto a 2016, y que con esos datos Andalucía es la comunidad autónoma que registra un mayor número de agresiones denunciadas en los colegios, seguida de Cataluña con 98 y Madrid con 84, mientras que a nivel nacional se contabilizaron 515 casos de violencia.
Los sindicatos profesionales no disponen aún de datos fidedignos sobre la evolución de las cifras de violencia a personal sanitario en lo que va de año, pero sus responsables sostienen que la tendencia al alza se mantiene. En el SAM recopilan datos por provincias “y a pie de campo, ya que este verano hemos notado un incremento de la agresividad y conflictividad en centros de salud, hospitales y dispositivos móviles sanitarios”, informó Carrasco, quien asegura que no se denuncian “ni la mitad de las agresiones”.
El Sindicato de Enfermería (SATSE) alerta de en una década, entre 2007 y 2017, existe constancia en el registro de agresiones del SAS de un total de 10.022 agresiones verbales o físicas a profesionales de la sanidad andaluza en el ejercicio de sus funciones, de todas las categorías.Y en los últimos años se está produciendo un incremento de los actos violentos, pasando de los 935 casos registrados en 2015 a los 1.115 entre agresiones físicas y verbales contabilizados en 2017, un 19,25% más. Es de “especial gravedad que el mayor incremento se registre en las agresiones físicas”, que en este periodo han crecido en cerca de un 40%, pasando de las 204 víctimas en 2015 a las 285 en 2017, informaron desde la central sindical.
En lo que va de año las agresiones, al menos las de tipología física, se han estabilizado y experimentan un leve descenso en Andalucía, según los datos facilitados a este periódico por la Consejería de Salud, ya que de enero a junio se han registrado 124 ataques, dos casos menos que en el mismo periodo año anterior.Andalucía, pionera en la puesta en marcha de un Plan de Prevención y Atención de Agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde 2005, cuenta con un registro oficial en el que se notifican, desde las unidades de Prevención de Riesgos Laborales existentes, todos los casos relacionados con las posibles agresiones, y que está permitiendo ya, mediante la “elaboración de un mapa de riesgo sobre centros, servicios y horarios”, conocer los perfiles de los implicados.
La prevención de situaciones de conflictividad que puedan derivar en una agresión “es uno de los ejes fundamentales de ese Plan”, por lo que “uno de los pilares es la formación de los profesionales en el manejo de situaciones de riesgo”, explicaron desde la Consejería de Salud. Así, durante los 13 años de vida del Plan un total de 54.056 profesionales se han formado para saber reaccionar ante una posible agresión o acto violento, tanto en talleres presenciales como en cursos on line, para lo que se ha habilitado una plataforma de teleformación que facilita el acceso a los diferentes contenidos a todos los profesionales. No obstante, los sindicatos reclaman “desarrollar protocolos de actuación ante agresiones que no se queden en el papel” y continuar con la “implantación de actuaciones disuasorias, como la instalación de timbres en las plantas”, según el SATSE, que también considera necesario “aumentar la formación de los profesionales”. También es esencial que, si se produce una agresión, las víctimas sean “atendidas y apoyadas a nivel profesional y personal en todo momento”, en primer lugar por el propio SAS.
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