El dramático número de accidentes laborales que padece la provincia de Granada desde que comenzara el presente año ha disparado todas las alarmas. Algunos agentes sociales han desvelado en los últimos días que el flagrante incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte de muchas empresas y trabajadores, se ve favorecido por la escasa presión que sobre unos y otros ejerce la Inspección de Trabajo. Y no por otra causa que por falta de recursos humanos.
Los datos requeridos por IU a la Junta de Andalucía avalan estas afirmaciones. Y es que el número de inspectores que ejerce su labor en el ámbito laboral en la provincia granadina (8) supone un exiguo 6,6 por ciento del total de Andalucía. Y el de subinspectores (18) tampoco alcanza una cifra destacable en el ámbito regional, con un 13,2 por ciento del total. Máxime cuando estos últimos no tienen capacidad sancionadora entre sus competencias. Unos y otros conforman un colectivo que entre sus tareas tiene la de velar para que los 290.319 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social en el pasado año y las casi 50.000 empresas existentes, cumplan los requisitos de la citada normativa. Cifras que hablan por sí solas.
Pese a lo anterior, a la Inspección de Trabajo de Granada no le falta ocupación. Durante el pasado año, levantó un total de 619 actas de infracción (sanciones) tras investigar a 953 empresas del sector de la construcción, a las que hay que añadir otras 250 más en las restantes actividades de la economía provincial. El número de afectados entre unas y otras se elevó a 3.422 y el importe derivado de todas ellas supuso un montante total de 1,9 millones de euros.
Por lo que a las paralizaciones de obra se refiere, la Inspección de Trabajo de Granada decretó a lo largo de 2004 que 53 tajos quedaran inmovilizados y a la espera de la resolución pertinente. La construcción aglutinó, así, la práctica totalidad del bloqueo impuesto a las empresas granadinas. Los restantes sectores sólo tuvieron cuatro órdenes en este sentido.
En lo tocante a los requerimientos -que no necesariamente acaban en sanción- los inspectores granadinos elevaron un total de 2.027, una cantidad que supone un 7,2 por ciento de los 28.146 que se efectuaron en Andalucía en el periodo de referencia. Si hubiera que relacionarlos con las infracciones, superan a estas en poco más de un 30 por ciento.
A la luz de estos datos, el coordinador regional de IU, Diego Valderas, censuró ayer sin paliativos que la Junta de Andalucía tenga tantas palabras y tan pocos hechos en la lucha contra la siniestralidad laboral.
Valderas criticó igualmente la permisividad de la que hace gala la Administración andaluza en esta materia, cuando tendría que ser la primera en vigilar que tales desmanes no ocurran. Valderas lamentó también que la Junta de Andalucía sea muy permisiva en la subcontratación de obras, tanto -dijo- que incluso muchas de las contrataciones se dan en el marco de la propia administración.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
