Ahora tendría 26 años. Pero un día como hoy, hace siete años, acudió a su trabajo y perdió la vida. Una máquina que no tenía que haber manejado, porque estaba contratado como peón de mantenimiento de limpieza; un día que no tenía que estar trabajando, ya que era sábado y su jornada semanal era de lunes a viernes… toda una serie de circunstancias anómalas acabó con la vida de José María Garrocho, de apenas 19 años y natural de Gibraleón. Siete años han transcurrido desde el fatal desenlace y su familia todavía continúa a la espera de que se celebre el juicio que determine que fue un accidente laboral. Los padres del joven aseguran que viven un auténtico “suplicio”, “calvario”, “pesadilla” y quieren que acabe cuanto antes. Los hechos ocurrieron en la cantera gravera El Campillo, de Gibraleón, el 28 abril de 2007, cuando el joven quedó atrapado por la cinta en la que trabajaba, por causas desconocidas, sin que pudiese liberarse, a pesar de los intentos de sus compañeros. Su madre no entiende cómo la Justicia aún no ha resuelto el caso ni que el fiscal haya querido archivar la causa por la vía de lo penal y tramitarla por lo civil, y qué intereses puede haber para que no se resuelva el litigio. Para ella, lo de menos es la indemnización, porque nadie podrá devolverle a su hijo, pero quiere, y desea con todas sus fuerzas, que acabe el tedio. Los progenitores del fallecido piden que “se haga justicia” y consideran que hay pruebas más que suficientes que determinan responsabilidades de la compañía en la muerte de su hijo y que ésta se produjo por negligencia en materia de seguridad laboral. Los padres de J.M.G. tienen claro que el trabajo que realizaba era peligroso y, sin embargo, no se establecieron todas las medidas protectoras que marca la ley. El procedimiento se inició de oficio tras el parte del fallecimiento. A partir de la comunicación al juzgado comenzaron las diligencias de investigación de las causas del siniestro, con el informe de autopsia y tóxicos incluido. Tras personarse en las actuaciones como acusación los padres del joven fallecido, en octubre de 2007, el juzgado solicitó una serie de diligencias y pruebas que no llegaron a instruirse. Sí se presentó en junio de 2008 el informe de la Dirección General de Minas de la Junta de Andalucía, que determinaba una “clara negligencia grave y de falta de medidas de seguridad adecuadas“, entre ellas, la retirada de las barreras de protección de la máquina en la que trabajaba cuando ocurrió el accidente y del sistema de alarma, como consta en la queja presentada en su día por la familia al Defensor del Pueblo, al que acudieron los padres de Garrocho para pedir su mediación. Según la familia del fallecido, las pruebas requeridas sobre máquina fueron remitidas parcialmente y las instrucciones del fabricante no constaban en las actuaciones, a pesar de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones. A pesar de todas estas contradicciones, en enero de 2010 se decretó el archivo de la causa, al considerar el juez instructor los argumentos de la Fiscalía, apoyándose en el informe del centro de emergencias, que fue impugnado por los padres del joven. Después del recurso interpuesto, se abrieron de nuevo las diligencias por entender que existían indicios de criminalidad penal y se estableció terminar de practicar las pruebas propuestas y otras, y la toma de declaración de los testigos y de los peritos que intervinieron en la elaboración de los informes técnicos. La familia denuncia una dilación del proceso “inexplicable”. Siete años después, el juicio aún no está señalado. Sus padres no se rinden a pesar que de vez en cuando cunde la desesperación al comprobar de primera mano el tópico de que la justicia es lenta.
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