SEVILLA. A. E. Y.
El informe de la comisión parlamentaria sobre siniestralidad laboral insta a la Junta de Andalucía a que haga depender las subvenciones que concede a las empresas de su grado de cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Ésta es sólo una de las medidas que conforman el documento, en el que los parlamentarios vienen trabajando desde septiembre del pasado año, y que ayer fue aprobado en la Cámara autonómica.
Los ponentes de las distintas formaciones dejaron claro la lamentable situación de Andalucía en siniestralidad laboral y que ello depende directamente de la gran precariedad que se da en nuestra región, además del elevado índice de subcontratación.
Es por ello que el estudio insta también a la Administración central a que limite la cadena de subcontratación; evite el «turn-over», es decir la creación y desaparición de empresas con la consiguiente extinción de obligaciones; permita considerar favorablemente a las empresas que hayan implantado un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales y penalizar a las que incumplan estas obligaciones, así como potenciar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
A la Junta de Andalucía, la comisión parlamentaria le reclama que limite la contratación pública a empresas cumplidoras de sus obligaciones preventivas y que establezca el procedimiento normativo adecuado para que se ejecuten las sanciones impuestas.
Otras demandas se dirigen de forma específica a la Consejería de Empleo, a la que se pide que elabore un Programa Integral de Prevención de Riesgos Laborales y un Plan de Formación, en el que se incluiría la promoción de una titulación universitaria de segundo grado en esta materia.
A los agentes económicos y sociales, los grupos parlamentarios reclaman que aborden la prevención de riesgos laborales en los acuerdos de concertación y que a través de ellos se implante la figura del delegado territorial.
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