El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV, Salvador Navarro), señaló que el absentismo derivado de la enfermedad o accidente común, “además de constituir un gasto público insoportable, tiene incidencia en los costes laborales directos e indirectos de las empresas y, por tanto, en la merma de su productividad y su posicionamiento competitivo en los mercados”.
En España se estima que en 2012 faltaron al trabajo cada día 800.000 trabajadores, lo que traducido a gasto público ha supuesto 5.076 millones de euros, un 17 por ciento menos que en 2011 en que faltaron diariamente a su puesto de trabajo un millón de trabajadores. La CEV en colaboración con Umivale, celebró ayer la jornada “Visión global del absentismo”, con el objetivo de analizar la gestión del absentismo en la empresa y en concreto el derivado de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC), causa del 67 por ciento de las horas perdidas en la empresa, según señala la CEV.
El pasado ejercicio fue el primero desde 1998 con un descenso en cifras absolutas del gasto por ITCC. En el ámbito de la Comunitat Valenciana, el índice de ausencia en 2012 fue de 2,18 días por año, mientras que en 2011 fue de 2,61 días.
Sin embargo, esta disminución de la tasa de absentismo está “más vinculada al efecto de la crisis económica que a cambios o mejoras en la gestión del absentismo en la empresa”. Por ello, el presidente de la CEV puso sobre la mesa una serie de propuestas “que permitan avanzar en la mejora de la prestación sanitaria a los trabajadores y reducir el desmesurado gasto público derivado de las ITCC”.
El presidente consideró “necesarias” la realización de campañas de sensibilización y planes de formación, impulsados por las administraciones públicas y con la participación de las organizaciones empresariales y las mutuas, con el objetivo “de concienciar sobre el coste económico público y privado que esta situación acarrea”.
En lo que respecta a la gestión sanitaria, considera “imprescindible la atribución de competencias en la emisión de partes médicos de alta a los facultativos de las mutuas”. Por otra parte, la gestión sanitaria de la ITCC debe incidir en los plazos a resolver sobre las propuestas de altas emitidas, la readaptación del puesto de trabajo como alternativa a la baja laboral o el establecimiento de un procedimiento sancionador por autorización fraudulenta de la situación de ITCC, con la actuación de la Inspección de Trabajo en colaboración con los Servicios Públicos de Salud.
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