En principio, estas entidades tienen hasta el 31 de diciembre de este año para hacerlo. Y en el caso de que, en dicho plazo, no hubieran vendido la sociedad, o la totalidad de su participación en la sociedad que estén, las empresas correspondientes «entrarán en causa de disolución».
La ministra de Empleo y de Seguridad Social, Fátima Báñez, ha ordenado a las mutuas que se desprendan y vendan su actividad privada, que está orientada a la prevención de riesgos laborales. Así se recoge en el anteproyecto de la Ley de Mutuas y su Memoria Económica.
Razones de una decisión
Las razones más importantes de esta drástica decisión del Ejecutivo con las mutuas son las siguientes. «La utilización de una persona jurídica instrumental de ficción [la sociedad de prevención de riesgos laborales], que desarrolla una actividad mercantil ajena a la Seguridad Social».
Un hecho que resulta más problemático para la Administración porque estas entidades tienen una labor pública «de suma importancia para la que reciben un volumen de recursos públicos considerables». Cerca de 11 millones de euros a través de las cotizaciones sociales que pagan las empresas y los trabajadores en la cuota de enfermedades y accidentes profesionales.
La Administración sostiene que «es muy probable que la mutua utilice todo el bagaje de información, relaciones y posición que le otorga la gestión de la Seguridad Social en beneficio de su sociedad mercantil, siendo que esta posición no la tendrán sus competidoras en el mercado». Esto podría generar situaciones de «competencia desleal y abuso de posición dominante» en el mercado de la prevención de riesgos laborales.
Por esta razón, ASPA, la patronal de las empresas privadas que se dedican a la prevención de riesgos laborales, dio ayer su respaldo a este capítulo de la ley de mutuas. La norma atiende su vieja reivindicación de que las mutuas dejen de competir en este mercado utilizando recursos y medios públicos.
No obstante, fuentes de la asociación consultadas hicieron otras dos peticiones al Gobierno:
- Que las nuevas sociedades que surjan de la operación de la mutuas, dejen de tener cualquier denominación relacionada con las entidades de la Seguridad Social,
- que la venta se haga a precios de mercado.
Aspa agrupa a 170 empresas y asociaciones en toda España. La Seguridad Social «ha constatado la existencia de este problema [de la mezcla de actividades]», y la necesidad de resolverlo «mediante la desvinculación total de las mutuas del ámbito de la prevención de riesgos laborales». Incluso, el Gobierno teme que las mutuas «podrían emplear sus sociedades de prevención de riesgos laborales para la captación de empresas asociadas [dentro de su labor de la Seguridad Social]» lo que puede dar lugar a una competencia entre mutuas «poco deseable». Es decir que «no esté basada en la calidad del servicio prestado a las empresas asociadas y a los trabajadores de estas».
De hecho, otras medidas que ha tomado el Ejecutivo con estas entidades, que cubren a 12,8 millones de trabajadores, han sido la limitación de sueldos al considerarlas empresas públicas. Tanto de los directivos, como de los trabajadores. La semana pasada, la Audiencia Nacional obligaba a estas entidades a congelar los salarios, cumpliendo los Presupuestos Generales del Estado.
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