Los empleados que son víctimas de acoso u hostigamiento sexual en el trabajo en México enfrentan un desafío: la prescripción. La Ley Federal del Trabajo establece que estas personas tienen un mes para acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje a informar sobre lo ocurrido. Si no lo hacen en ese plazo, pierden su derecho a solicitar la rescisión del contrato y reclamar el pago de indemnizaciones correspondientes.
“Si ese trabajador no acude en un mes, la empresa cómodamente podría decirle: ‘tú tenías un mes para reclamar tu derecho, para exigir el pago de tu indemnización y no lo hiciste, por lo tanto, tu derecho prescribió y ya queda sin efecto’”, detalla Leopoldo Ramírez, director general del despacho especializado en consultoría preventiva Laboral 360.
Frente a este panorama, la diputada priista Sara Rocha presentó, en diciembre pasado, una iniciativa para modificar el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo e incluir que las faltas de los trabajadores o empleadores por acoso y hostigamiento sexual prescriban en un año a partir de que se tenga conocimiento de la falta. La propuesta fue turnada a la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.
De acuerdo con la legisladora, la prescripción es usada como un medio de defensa para el acosador. “La prescripción, como excepción, se instrumenta como un mecanismo de defensa procesal que el trabajador o empleador demandado puede utilizar con la finalidad de que la autoridad laboral declare improcedente la causal de rescisión de la relación de trabajo interpuesta en su contra”, argumentó la legisladora en la presentación de la iniciativa.
Ramírez considera que la propuesta es en beneficio de los trabajadores y podría inhibir el número de casos de acoso y hostigamiento laboral en los centros de trabajo. Sin embargo, dice, es un cambio legal más de forma que de fondo, pues la falta puede prescribir en el ámbito laboral pero la víctima tiene la posibilidad de denunciar por otras vías que no necesariamente prescriben en un mes. Por ejemplo, puede presentar una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Para generar un impacto más profundo, Diana Uribe, abogada del despacho legal Bandala y Asociados, considera que la iniciativa debería ir acompañada de una modificación que facilite a las víctimas el proceso de denuncia y presentación de pruebas. “Probar tan fehacientemente, con videos o fotos, es muy difícil. Son pruebas difíciles de conseguir en el contexto laboral, debería ser más sencillo y darle más credibilidad a las víctimas”, puntualiza.
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