La Mesa de Salud Laboral, integrada por Gobierno, empresarios y sindicatos, se reunirá hoy para analizar el desarrollo del acuerdo contra la siniestralidad laboral, así como para estudiar la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, informaron en fuentes sindicales.
Las modificaciones de ambas normativas derivan del propio pacto contra los accidentes laborales que suscribieron el Ejecutivo y los agentes sociales el pasado 30 de diciembre. En dicho acuerdo, el Gobierno se comprometía a aprobar la reforma de estas dos leyes antes del 30 de junio, previa consulta con sindicatos y empresarios.
El objetivo de esta reforma es integrar la prevención de riesgos laborales en las empresas. Para ello, se modificará la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la ley de Infracciones y Sanciones, a fin de multar a aquellas compañías que no cumplan con su obligación de desarrollar planes preventivos.
Asimismo, el acuerdo contempla la realización de las reformas normativas necesarias para obligar a las empresas con actividades peligrosas o de especial riesgo a designar a uno o varios trabajadores como responsables en materia de seguridad y riesgos laborales.
Según anunció el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, el Consejo de Ministros estudiará en su reunión de hoy el texto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos y de la Ley de Sanciones, texto que el lunes será analizado por los agentes sociales en la Mesa de Salud Laboral.
Aznar explicó las líneas básicas de esta reforma durante su última intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados. Así, señaló que ésta aborda la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la empresa a través de planes de prevención, y la presencia obligatoria de recursos preventivos en la empresa.
Además, incluye diversas medidas para favorecer el cumplimiento efectivo de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales por parte de empresarios, promotores de obras, entidades formativas y entidades auditoras.
El jefe del Ejecutivo pidió el apoyo de la Cámara Baja para poder aprobar dicha reforma antes de que termine esta legislatura, con el fin de favorecer la reducción de los accidentes laborales. “Es una reforma importante que pondremos en marcha inmediatamente”, aseguró.
El acuerdo contra la siniestralidad laboral recoge también el compromiso del Gobierno de implantar una nueva tarifa de accidentes de trabajo y el llamado sistema bonus-malus, que tiene por objeto premiar a las empresas con menos accidentes y penalizar a las que cuenten con un mayor índice de siniestros.
La previsión que maneja el Ejecutivo es que ambas medidas entren en vigor a comienzos de 2004. A lo largo de este año el objetivo del Gobierno es el de consensuar con los agentes sociales, especialmente con los empresarios, tanto la transitoriedad de la nueva tarifa como la del sistema bonus-malus.
Otro de los puntos de este acuerdo que aún no ha visto la luz es el referido al artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre coordinación de actividades empresariales y regulación de las subcontratas.
En el pacto, se contemplaba el inicio de un proceso de diálogo entre los agentes sociales durante el primer trimestre para elaborar un texto que desarrollara reglamentariamente dicho artículo. No obstante, los sindicatos han denunciado la resistencia de la patronal a cerrar un acuerdo sobre esta materia, y las negociaciones parecen haber llegado a un punto muerto. En cualquier caso, el Gobierno ya ha advertido de que si no es posible el consenso entre ambas partes, “asumirá sus responsabilidades”.
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