La Inspección de Trabajo y Seguridad Social actuará en 2008 y 2009 en aquellas empresas que tengan un mayor número de accidentes laborales graves y mortales y que tengan centros de trabajo en dos o más comunidades autónomas, con independencia de los sectores económicos donde se encuadren y de su tamaño.
Esta es una de las medidas contenidas en el plan de acción que desarrolla la estrategia española de salud laboral y que hoy fue aprobado, por unanimidad, en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Este plan de la Inspección, que tendrá una vigencia de dos años, modifica los criterios vigentes hasta el momento, de manera que ahora, en sus actuaciones, no sólo tendrá en cuenta lo que pagan las empresas a la Seguridad Social en materia de accidentes, sino que observará la frecuencia de los accidentes graves y mortales para decidir qué empresas visitar.
El secretario general de Empleo, Antonio González, subrayó al término de la Comisión Nacional de Seguridad Laboral que este nuevo plan de la Inspección “apunta en una mejor dirección”, concentrando sus actuaciones donde más se necesitan.
Además de esta medida, el plan de acción de la estrategia española de salud laboral desarrolla otras 40 iniciativas de las 100 que contempla el conjunto de la estrategia, cuyo objetivo es el de reducir los accidentes laborales al menos un 25%, hasta situarlos en la media europea, y mejorar la calidad y eficacia de la prevención de riesgos laborales.
Para la puesta en marcha de esas 40 medidas, el Gobierno ha diseñado un calendario que abarcará desde este mes hasta abril de 2008. En ese periodo, algunas de estas iniciativas verán la luz y otras comenzarán a desarrollarse.
En estos primeros compases de aplicación de la estrategia, se ha dado prioridad a las actuaciones sobre las empresas. Así, además del plan de la Inspección, en septiembre se impulsará la creación de los agentes sectoriales y territoriales de prevención de riesgos. CC.OO. y UGT calculan que en 2008 estos agentes ya estarán visitando empresas.
Además, también a partir del próximo mes de septiembre se establecerá un plan de asistencia técnica al empresario que cuente con menos de 10 trabajadores y se comenzará a estudiar la puesta en marcha de un sistema bonus-malus, que prime a las empresas cumplidoras con la ley y castigue a las que tengan mayores índices de siniestralidad.
El plan incluye además la realización de una campaña publicitaria en los últimos meses del año que, con un coste estimado de 4 millones de euros, promoverá el desarrollo de la cultura preventiva. Asimismo, esta iniciativa contempla la elaboración de una guía para pymes, la creación, hacia el mes de octubre, de un observatorio estatal de condiciones laborales, el incremento de inspectores y subinspectores de Trabajo hasta llegar a 2.000 efectivos a final de legislatura, y una importante reforma de la normativa de prevención.
Dicha reforma irá dirigida a mejorar la eficacia y la calidad del marco regulador de la prevención y a desarrollar un paquete de incentivos para aumentar los recursos preventivos de las empresas, implantar un plan renove para los equipos y máquinas obsoletos, y establecer el sistema bonus-malus anteriormente citado.
Según González, aunque no dará a tiempo a aprobar estas medidas legislativas dentro de esta legislatura, de aquí a abril se elaborarán o modificarán las normativas necesarias para poder desarrollar la estrategia en su totalidad. Dicho desarrollo normativo será negociado y consensuado, por lo que el secretario general de Empleo se mostró convencido de que no habrá problemas para su aprobación en la siguiente legislatura, gobierne quien gobierne.
Tras la reunión de la Comisión Nacional, los secretarios de Salud Laboral de CC.OO. y UGT, Joaquín Nieto y Dolors Hernández, se mostraron satisfechos por la aprobación del plan de acción de la estrategia y por la actitud comprometida que han expresado todos los implicados en la lucha contra los accidentes laborales (Gobierno, agentes sociales y comunidades autónomas).
No obstante, los representantes sindicales denunciaron que, a pesar del nuevo catálogo de enfermedades profesionales, mucho más amplio que el anterior, las mutuas de la Seguridad Social no están registrando todas las enfermedades profesionales que se producen, de manera que el registro de las mismas, en vez de aumentar, está disminuyendo.
En este sentido, explicaron que en el primer trimestre del año las enfermedades profesionales con baja se han reducido un 55,6%, tónica que, de acuerdo con sus datos, también se ha repetido en meses posteriores. “Todo esto nos parece un escándalo y las razones que nos dan las mutuas sólo son excusas de mal pagador”, aseguraron los representantes sindicales, que pidieron a la Seguridad Social que “tome cartas en el asunto”.
Según los sindicatos, las mutuas alegan que el nuevo catálogo dificulta el diagnóstico de las enfermedades, que las empresas no les dan todos los datos que necesitan y que los sistemas de procedimiento no están claros. CC.OO. y UGT sospechan que más de un 19% de las enfermedades que atiende el Sistema Nacional de Salud tienen origen profesional, cifra que podría duplicarse en unos años si no se corrigen los problemas actuales.
Por su parte, el secretario general de Empleo afirmó no tener una explicación para lo que está pasando con las enfermedades profesionales y dijo que lo estudiará junto a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. “Hay que verlo, porque creo que ahí falla algo”, admitió.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
