El acoso laboral o mobbing es un fenómeno cada vez más extendido y que afecta sobre todo a los trabajadores de la Administración Pública. Así lo ha destacado esta mañana Antonio Angulo, presidente de la sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un curso sobre Derecho sanitario inaugurado en la facultad de Medicina de Granada.
Angulo explicó que este delito se ceba con la Administración pública por que, debido a su tamaño «es de por sí desorganizada y hay mayor sensación de impunidad. Además, es un área en la que se asciende poco y hay mayor sensación de descontento». El magistrado apuntó también que en las grandes empresas hay mayor control y no suelen darse estas situaciones de acoso.
En su conferencia, que sirvió para inaugurar el curso organizado por la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental con la colaboración de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, Angulo desgranó el tratamiento social y jurídico que reciben estos casos. El magistrado apuntó que sólo un 10% de las denuncias por acoso laboral acaban con sentencias condenatorias, cifra que se rebaja a una sola de veinte casos que llegaron al Tribunal Supremo. Esto se debe, en parte, a que una parte de las denuncias presentadas obedecen a venganzas o malas relaciones más que a casos reales de acoso laboral, o al hecho de que se trate de otras situaciones, no mobbing.
Angulo apuntó en su conferencia que «la persona vulnerada en su derecho, sólo tiene que dar indicios de lo que denuncia», de forma que tendrá que ser el denunciado el que demuestre que actuó bien.
Angulo alertó sobre esta vulneración de derechos, «no tanto por el número de casos, que ahora sólo se conoce la punta del iceberg, sino por la gravedad de los hechos». El magistrado destacó también la especial incidencia que tienen también en los ámbitos educativo y sanitario la agresión a los profesionales.
El siguiente ponente, Diego Gracia Guillén, académico numerario de la Real Academia Nacional de Medicina, abordó en su conferencia la responsabilidad moral de los profesionales. Un área, el de la «responsabilidad ética que se ha disparado en el siglo XX por el gran avance de las técnicas». Gracia señaló la necesidad de diferenciar entre «lo técnicamente posible y lo éticamente posible». En el caso de la medicina, estos conflictos están especialmente presentes, sobre todo en lo relacionado «con el principio y el final de la vida, sobre todo en cuanto a los tratamientos artificiales, y que obligan a toma de decisiones».
La jornada inaugural concluyó con la ponencia de Gonzalo Herranz, catedrático de la Universidad de Navarra, que abordó la objeción de conciencia, «un instrumento que permite conservar la libertad personal de los profesionales, pese a la mala prensa que puede tener». Herranz señaló que la objeción favorece «el respeto profesional y aunque puede haber abusos, es un tesoro». Los casos en los que más se hace uso de esta objeción de conciencia, son también los relacionados con el inicio y fin de la vida.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
